La hora del empleo
LA ECONOMÍA española no encontrará probable mente en el futuro un clima más propicio para consolidar las reformas estructurales y crear empleo. Las condiciones son excepcionalmente buenas. La estabilidad económica es elevada, gracias al descenso continuado de la inflación. Los costes salariales están disminuyendo. Y la patronal y los sindicatos han firma do un acuerdo laboral, aprobado el viernes en forma de decreto-ley por el Consejo de Ministros, que simplifica y abarata el despido, al tiempo que refuerza el empleo estable. Además baja el coste del dinero, presionado por el descenso de los precios, y el pasado viernes, el Banco de España volvió a recortar el tipo de, intervención en 0,25 puntos y lo situó en el 5,25%. Por añadidura, los mercados están tranquilos y no se especula contra las posiciones españolas. Si se diseñara un escenario óptimo de estabilidad económica y financiera para las empresas, éste se aproximaría muchísimo al que hoy se vive en España.Con el fin de apoyar la reforma laboral aprobada el viernes, el Gobierno ha puesto en marcha incentivos complementarios para aumentar la contratación fija, que entrarán en vigor al mismo tiempo que la reforma. Consisten en reducciones de la cuota de la Seguridad Social entre el 60% y el 40%, según se trate o no de empleo nuevo y en función del colectivo al que se le haga el contrato fijo. Incluyen la exención del IRPF durante dos años para aquellos contratos fijos que realicen las empresas que declaran mediante módulos, que suele ser el pequeño comercio. Ésta es precisamente la parte más discutible de las medidas complementarias de estímulo al empleo, puesto que afecta al impuesto sobre la renta, un tributo que hasta el momento se había mantenido al resguardo de pérdidas de ingreso por incentivos sociales. El impuesto sobre sociedades, cuya recaudación es mínima debido al excesivo volumen de deducciones y bonificaciones a la actividad económica que pesan sobre él, es una buena demostración de que la desgravación fiscal apenas tiene influencia sobre la creación de puestos de trabajo y, en cambio, hace mella en la recaudación.
Sería una temeridad evaluar ahora la pertinencia y eficacia del recorte de las cotizaciones sociales. El Gobierno ha avanzado una cifra tentativa -200.000 empleos fijos más-, pero sin asumir compromisos y adoptando muchas cautelas. Es posible valorar la reforma laboral como una flexibilización necesaria del mercado de trabajo; también es posible aventurar que la rebaja de las cotizaciones sociales no aumentará por sí sola el nivel de empleo en España, de acuerdo con los referentes conocidos. Pero no hay precedentes de que una reforma laboral y una reducción de cotizaciones se hayan aplicado al mismo tiempo y de forma coordinada. En un primer análisis, la conclusión más adecuada invita a un prudente escepticismo. Las empresas aumentan el número de trabajadores contratados en función principalmente de sus expectativas de beneficio, y el resto de los factores, aunque pueda ser muy importante, nunca llega a ser decisivo.
Precisamente, la generación de empleo es una prioridad absoluta para la economía española. La reducción sustancial y continuada de la tasa de paro es hasta ahora una incógnita que ningún Gobierno ha sabido resolver, al margen, por supuesto, de los descensos en el número de parados que se producen durante el ciclo económico alcista. De poco sirve avanzar en la convergencia nominal si ésta no acaba aumentando la capacidad para emplear a la población. Por tanto, siempre con el prudente escepticismo mencionado, puede decirse que las medidas de apoyo al empleo fijo aprobadas ayer van en la dirección correcta. Es el momento de exigir a las empresas españolas, en consecuencia, que demuestren su capacidad para aumentar la inversión y la producción y, con ambas, el empleo. Ya no es posible esgrimir a partir de ahora una desventaja comparativa respecto a las condiciones vigentes en los países de nuestro entorno.
