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La Delegacion del Gobierno centralizará en una oficina todo el papeleo de la inmigración

El laberinto burocrático al que se ven sometidos los extranjeros ya tiene una indicación de salida. La Delegación del Gobierno en Madrid ha dado por terminado el proyecto de Oficina única de Inmigración, un organismo que centralizará en una sola dependencia los servicios -tramitación de visados, permisos de trabajo y de residencia- que hasta ahora se repartían tres administraciones. El único escollo que, según la delegación, falta por superar para que se materialice el proyecto es encontrar un local adecuado. La sede buscada, de unos 2.000 metros cuadrados, debe estar situada en el centro de la capital y tener una excelente conexión con los servicios de metro y autobús. En ella trabajarán 100 funcionarios -incluidos 40 policías- que atenderán un mínimo de 400 inmigrantes por día.

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La puesta en marcha de la Oficina Única de Inmigración se ha convertido en una prioridad, no sólo de la Delegación del Gobierno de Madrid, sino también del Ministerio del Interior. Un interés que en el caso de Madrid se redobla por el hecho de que otras ciudades con menor población inmigrante, como Barcelona, Almería o Alicante, ya han abierto sus ventanillas únicas."En Madrid, la necesidad es mayor que en ningún otro sitio, pero también la dificultad. No sólo hay más problemas, sino también más presupuesto que manejar y más funcionarios que desplazar", indicó un alto cargo de la Delegación del Gobierno.

En la elaboración del proyecto han intervenido las tres administraciones que hasta la fecha ofrecen este tipo de servicio. Se trata de la Dirección Provincial de Trabajo -permisos de trabajo-, la Jefatura Superior de Policía -permisos de residencia- y la propia Delegación del Gobierno -exenciones de visado.

"Esta multiplicidad de ventanillas es irracional, no sólo implica una pérdida de calidad en el trato al inmigrante, sino también la duplicidad de archivos y expedientes, además de un despilfarro de tiempo para funcionarios y usuarios", indicó el citado alto cargo gubernamental.

Reticencias y desencuentros

El proyecto que maneja la Delegación del Gobierno se vertebra sobre uno anterior a la etapa popular. A partir de este plan se ha desarrollado una plataforma de colaboración entre administraciones en la que no han faltado, según la citada fuente, reticencias y desencuentros que han obstaculizado la culminación del proyecto. Otro motivo aducido para justificar este retraso ha sido la paralización sufrida por los citados servicios debido a las avalanchas de peticionarios desatadas por los plazos de regularización.

La futura Oficina única de Inmigración manejará un presupuesto cercano a los mil millones de pesetas, de los que unos 500 millones corresponderán a sueldos y salarios, y el resto a mantenimiento. Su centenar de funcionarios procederá de los tres servicios ya abiertos: unos cincuenta de la Dirección Provincial de Trabajo, otros tantos de la Jefatura Superior de Policía, y el resto de la Delegación del Gobierno. El próximo cambio en la estructura periférica del Estado, por la que la Dirección General de Trabajo quedará integrada en la Delegación del Gobierno, favorecerá está unificación. A la cabeza de la oficina figurará un director, nombrado por la Delegación del Gobierno.

Otro de los aspectos que el proyecto ya da por zanjado es el tipo de programa informático que emplearán los funcionarios de la oficina y que, en algunos casos, será distinto al que hasta ahora utilizaban.

El mayor problema, con todo, procede de la elección de local. El presupuesto de la oficina, que financiarán las diferentes administraciones que la participen, no es lo suficientemente elevado como para comprar una sede. Ni tampoco alquilarla en el mercado. Por ello, las miras se han volcado en los edificios del Estado. La dificultad reside en que ni la Delegación del Gobierno, ni Trabajo ni la Policía disponen de un local que reúna las condiciones adecuadas. Asimismo, la posibilidad de que el Ayuntamiento lo cediese o alquilase también quedó descartada cuando el Consistorio decidió facilitar a Interior cinco edificios para comisarías en la capital.

Ante esta situación, se ha solicitado a la Dirección General de Patrimonio una lista con propiedades susceptibles de ser ocupadas por la oficina. Una vez obtenido el local -ya fuese por cesión o alquiler-, el proyecto prevé su rehabilitación. Ése es el único límite temporal, según la Delegación del Gobierno, del proyecto. Su fecha se desconoce.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 18 de mayo de 1997

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  • La sede, en la que trabajarán un centenar de funcionarios, se ubicará en un local céntrico