La Fiscalia de Granada pide doce años por aborto para el médico Sáenz de Santamaría

La Fiscalía de la Audiencia de Granada no encontró un solo testimonio que implique al ginecólogo Germán Sáenz de Santamaría en la interrupción del embarazo de una mujer de 17 años que por entonces, en 1991, convivía conun individuo que propinaba frecuentes palizas y la sometía a vejaciones en un pueblo de Almería. Sin embargo, al inicio ayer de la vista orar, el fiscal pidió 12 años de cárcel para el médico . La propia mujer que se sometió a la interrupción del embarazo fue incapaz de recordar quién le realizó la intervención. Tampoco precisó si abortó por propia voluntad o si fue conducida por su hermana y el marido de ésta, también acusados. El juicio se reanudará el mes próximo.

Sáenz de Santamaría declaró a los infomadores que durante la instrucción el juez tampoco practicó ninguna prueba para reconocer al médico de la clínica llíberis que hizo el aborto. En cambio, dio por buenas las imputaciones que hizo contra él la Fiscalía. En julio de 1991 Sáenz de Santamaría era administrador de esta clínica autorizada para la interrupción voluntaria del embarazo. Durante todos estos años no ha pedido que se aclare este extremo para no implicar a los restantes médicos. El fiscal tampoco ha interrogado a los psiquiatras y sanitarios de llíberis.

Una "obcecación"

El ginecólogo dijo ser víctima de una persecución por parte del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Luis Portero, que no le perdona el apoyo que prestó a la juez de Marbella Blanca Ester Díaz ni que participara en una huelga de hambre para clarificar una supuesta red de corrupción. judicial en Málaga. Sáenz de Santamaría dijo que estaba en los tribunales por la "obcecación de Portero", a quien acusó de actuar en este procedimiento "con negligencia absoluta". "No sé si ha prevaricado para ello tendría que estar en su mente y saber si ha actuado o no con deliberación", añadió.La primera jornada del juicio, lejos de aclarar algún extremo esencial, arrojó aún más dudas. La mujer que abortó se emancipó de su familia antes de alcanzar la mayoría de edad y se fue a vivir a Roquetas del Mar con M. T., un inviduo violento del que andaba enamorada. Las disputas entre la pareja arreciaron a los pocos meses de la conviviencia. Cuando Miguel le propinaba una paliza o la echaba de casa, ella se refugiaba en la de su hermana Luisa Rodríguez y su cuñado,José Molina.

En mayo de 1991, la mujer cumplió su tercer mes de embarazo y estaba bajo tratamiento psiquiátrico. Ayer reconoció en el juicio que entonces dudaba si continuar adelante con la gestación o abortar amparándose en los graves daños psíquicos que podría producirle la maternidad. En una de las ocasiones en que huyó de su domicilio y se refugió en el de su hermana y su marido les confió que estaba embarazada. Luisa y José, por el contrario, negaron que ella les anunciara su estado.

La mujer mantiene que Luisa y Luis la condujeron desde Almería a una clínica de Granada, pero no pudo precisar para qué. "Me trajeron los dos y me llevaron al médico. No sé para qué. Entré en una clínica, pero no recuerdo al médico que me atendió".

La incertidumbre recorre todo el relato de la gestante. Recuerda que la entrevistó un psiquiatra y que le pusieron una inyección y que perdió el sentido, a pesar de que el aborto se practica con anestesia local. Tampoco pudo precisar si fue a la clínica porque su hermana y su cuñado se lo sugirieron o por su propia voluntad. "No sé si acepté abortar

Me enteré que había abortado de regreso a Almería ( ... ). No sé si interrumpí voluntariamente mi embarazo ( ... ). En aquellos días estaba muy mal de la cabeza", declaró entre preguntas y silencios.

Lo que sí recuerda es que unos días más tarde, obligada por su enfurecido compañero sentimental, acudió a comisaría y presentó una denuncia contra su hermana y su cuñado. Éstos negaron ayer haberla acompañado a la clínica Ilíberis. "Fue una denuncia falsa que puso por mediación de su marido, que quería hacernos daño", declaró ayer Luisa Rodríguez. Para Luisa, el fiscal pide 12 años de cárcel y para su marido diez, ya que en ella concurre el agravante de parentesco.

El juicio fue interrumpido ante la incomparecencia del antiguo compañero de la mujer y el psqiuiatra que la trató en Almería al quedar embarazada.