La familia de un interno asesinado en un psiquiátrico pide 20 millones a la Comunidad

El 23 de febrero de 1996, un enfermo del psiquiátrico de Leganés mató a otro. Le clavó un cuchillo en el corazón tras una discusión. El fiscal le acusa de un delito de asesinato y pide para él una condena de 15 años de cárcel. La familia de la víctima reclama igual pena, pero con una variante: exige que la Comunidad de Madrid, como responsable del centro sanitario en que se produjo el crimen, abone a los herederos del fallecido una indemnización de 20 millones de pesetas. Un jurado popular dictaminará qué hacer con el acusado y si la Comunidad debe pagar.

El juicio se celebrará en cuestión de semanas en la Audiencia Provincial de Madrid. El acusado, Antonio M. S., ingresó en el centro José Germain, de Leganés -dependiente de la Comunidad de Madrid- en octubre de 1995. Sufría una esquizofrenia paranoide. Sobre las siete de la tarde del 23 de febrero de 1996, mantuvo una fuerte discusión y un cruce de insultos con su compañero José Manuel R. C., que también sufría una grave afección psiquiátrica.Tras la acalorada disputa, Antonio se marchó del centro, fue a una ferretería y compró una navaja de 15 centímetros de hoja. Al regresar, halló a José Manuel sentado en un sillón. "Sin mediar palabra, se le acercó por la espalda y le clavó la navaja", explica el fiscal en su escrito provisional sobre los hechos. Le perforó un pulmón y el corazón. El herido fue trasladado a un centro hospitalario, pero murió dos horas después.

Lo primero que deberá decidir el tribunal es el grado de responsabilidad del homicida; es decir, hasta qué punto era consciente de sus actos. El fiscal, en principio, no le exonera de culpa: le imputa un delito de asesinato, En contra de este acusado pesa también otro dato: fue capaz de ir a una ferretería y adquirir la navaja con la que, presuntamente, mató a un compañero . Esta hecho, a juicio de fuentes jurídicas, siembra algunas dudas sobre su total inputabilidad.

Los peritos coinciden sobre el futuro del presunto homicida. Los tres que le han analizado entienden que se trata de un enfermo que no debe ir a una prisión normal, y dicen que debe continuar con su tratamiento contra la esquizofrenia.

Otro de los puntos que deberá resolver el tribunal es si la Comunidad de Madrid es responsable civil subsidiaria del crimen en lo que respecta al pago de la indemnización. Tanto la víctima como el presunto homicida son dos enfermos que están bajo su custodia y por cuya seguridad e integridad física debe velar el centro. Ésta es, a grandes rasgos, la tesis de la familia de la víctima. El fiscal no se pronuncia sobre este extremo en su escrito.

Los asesores jurídicos de la Comunidad rechazan la responsabilidad en este asunto. Aseguran que nada en la. conducta anterior del acusado hizo sospechar de su peligrosidad, y que, por tanto, no se vio necesidad alguna de tomar medidas concretas de aislamiento contra él.

La última palabra

La Comunidad señala que no es responsable porque en este caso no se ha vulnerado ningún "reglamento" ni el centro ha actuado con negligencia. Los jueces y el jurado tienen ahora la palabra.Los nueve miembros del jurado deberán pronunciarse sobre algunas cuestiones complejas. Por un lado, qué hacer con una persona enferma que, en principio y a juzgar por su cuadro clínico, no es responsable de sus actos.

Antes, los psiquiátricos, los antiguos manicomios, eran centros cerrados: los enfermos no podían salir de ellos sin autorización. Los que existen hoy, en cambio, son abiertos y no se puede retener en ellos a los enfermos contra su voluntad. Esta carencia de centros específicos plantea problemas a los jueces, sobre todo cuando se enfrentan a psicópatas. Según la ley, hay que absolverles porque son irresponsables de sus actos. En estos casos, los tribunales suelen adoptar medidas de seguridad contra ellos (internamiento y tratamiento) para evitar riesgos al resto de la sociedad.

Lo lógico sería que ingresasen en una institución psiquiátrica civil, pública y cerrada. Al no existir este tipo de centros, no queda más opción que enviarles a un psiquiátrico penitenciario: en definitiva, a una cárcel. Toda una paradoja, ya que legalmente se les absuelve del delito.