Felonía fiscal

EL SECRETO fiscal es uno de los derechos modernos más significativos de los ciudadanos en un sistema democrático. Respetarlo con escrúpulo es el primer deber de toda Administración tributaria. La importancia radica tanto en el mantenimiento de la pnivacidad (razones de principio) como en la defensa preventiva de posibles agresiones facilitadas por la publicidad de la situación patrimonial del contribuyente (razones instrumentales). El derecho al secreto fiscal no solamente está salvaguardado por los Gobiernos; otras instituciones privadas, como la banca, han defendido hasta la intransigencia el principio de la opacidad de los ingresos y gastos de cada ciudadano. El secreto de los datos fiscales no es un capricho ni un privilegio de tercer orden que se pueda devaluar impunemente.Pues bien, el Gobierno de Aznar, en su empeño por demostrar los supuestos favores fiscales concedidos por el Ejecutivo anterior -socialista- a supuestos "amigos políticos", está vulnerando gravemente este derecho. Sea porque filtra los expedientes fiscales sujetos a investigación en el Congreso, sea porque no protege con el debido celo el secreto. La actuación de Juan Costa, secretario de Estado de Hacienda, que mencionó durante su comparecencia ante la Comisión de Economía del Congreso los datos del expediente de Julio Feo -ex secretario general de la Presidencia con Felipe González-, bajo el nombre supuesto de "Carlos", resulta ya discutible y peligrosa. Pero las graves filtraciones que se han registrado después -la última, la del diputado popular Del Burgo contra la ex directora de la Agencia- permiten albergar una más que razonable sospecha de que el Gobierno está dosificando en su propio beneficio la información fiscal proveniente de la Agencia y sentando así un grave precedente de vulneración del secreto fiscal, que puede acabar afectando a más contribuyentes. Es decir, la utilización de la Hacienda pública -¡también!- como arma política.

Hacienda y algunos diputados del PP están creando una situación absurda en tomo a la investigación de la supuesta amnistía tributaria: mientras el Gobierno niega al Parlamento los nombres y la información concerniente a las actas de inspección que dice prescritas, un día sí y otro también los expedientes aparecen publicados en la prensa o la radio consortes, o voceados con ánimo inquisitorial por algunos portavoces políticos de su partido. Por una parte, se ninguna a la comisión, y por otra, se hacen mangas y capirotes de la obligación del Gobierno de guardar el secreto fiscal, creando inseguridad. Y, por tanto, miedo. El argumento de que muchos de estos expedientes están en trámite en los tribunales y que resulta difícil evitar su filtración cuadra pésimamente con la aparición selectiva de nombres.

Además de ello, las filtraciones beneficiosas para los intereses políticos del Gobierno no han sido demasiado afortunadas hasta el momento. Las acusaciones de regalo tributario a La Caixa han provocado la irritación de CiU, socio parlamentario de Aznar, y el supuesto perdón de una deuda de 95 millones de pesetas a Julio Feo ha quedado en una interpretación interesada, quizá prevista para distraer la atención del espectacular caso Cascos-Amedo, puesto que el expediente tributario está en estos momentos en los tribunales.

El secreto fiscal no es algo que el Gobierno pueda administrar a su capricho para socavar a tal o cual político de la oposición. Las filtraciones continuadas no colaboran precisamente a reforzar la confianza de los contribuyentes en la seriedad de quienes gestionan sus datos confidenciales. Los responsables actuales de la Agencia Tributaria deberían proponerse acabar de una vez por todas con esta manipulación política, por más que resulte cómoda y ventajosa para los intereses del Ejecutivo. Si no se pone fin a esta práctica, el Gobierno será cómplice de un acto de felonía contra los ciudadanos. ¿Qué credibilidad puede merecer el Estatuto del Contribuyente que Aznar ha prometido como piedra angular de su programa si su Administración fiscal ni siquiera puede garantizar el derecho de los ciudadanos al secreto?