Acoso político en Perú a los jueces contrarios a la reelección de Fujimori
Las maniobras de acoso y derribo de la mayoría parlamentaria gubernamental contra los cuatro miembros del Tribunal Constitucional contrarios a una nueva reelección del presidente, Alberto Fujimori, y el descubrimiento de que el cerebro del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), VIadimiro Montesinos, estrecho colaborador del jefe del Ejecutivo, percibe millonarios ingresos por asesoramientos ajenos a su condición de funcionario del Estado, han desencadenado en Perú dos escándalos mayúsculos.
"El panorama es desalentador", denunció el ex secretario general de la ONU y líder del partido opositor Unión por el Perú (UPP), Javier Pérez de Cuéllar, que insta a la formación de un frente cívico contra los atropellos a la institucionalidad y compara la situación con las vísperas del autogolpe de 1992.
VIadimiro Montesinos, abogado, siempre en la sombra y en la controversia, negoció con las Fuerzas Armadas el cuartelazo de Fujimori contra el Congreso y el poder judicial de hace cinco años, y fue determinante su presencia en el diseño de la fulminante operación militar que el 22 de abril acabó con el comando del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) atrincherado con 72 rehenes en la residencia del embajador japonés en Lima. Capitán del Ejército en 1977, fue condenado a un año de prisión por abandono de servicio, ha sido implicado en causas por narcotráfico y ahora reaparece en público con una acusación especialmente grave en un país con 50% de su población en la pobreza y sueldos mensuales que rondan los 200 dólares (cerca de 30.000 pesetas). Según cálculos de una oposición que clama al cielo y la filtración periodística de las rentas declaradas por el "asesor" del SIN, un eufemismo de su verdadera influencia en Perú, Montesinos ingresa mensualmente unos ochenta mil dólares (11,6 millones de pesetas).
Inevitable la acusación de tráfico de influencias teniendo en cuenta la valiosísima información sobre el país de que dispone el imputado en función de su cargo, el presidente de Consejo de Ministros, Alberto Pandolfi, fue interpelado en el Congreso. El alto funcionario se negó a informar sobre el salario de Montesinos o la nómina de sus clientes. "Es exactamente como si la curia le exigiera a un sacerdote que revele a qué personas ha confesado en el ejercicio de su sagrado ministerio y cuáles son los temas que fueron materia de conversación". Alberto Pandolfi glosó los méritos del ambivalente asesor: "Además de haber estudiado Ciencias Sociales y abogacía, es un oficial del Ejército en situación de retiro con amplia experiencia en estrategia, inteligencia y seguridad ( ... ), y experto en los temas de terrorismo y la lucha contra el narcotráfico".
Y en tanto Montesinos reclama la intervención del fisco para demostrar que cumple sus deberes impositivos, los cuatro miembros del Tribunal Supremo denunciados como usurpadores de funciones por la mayoría oficialista reiteran que su actuación se ajustó a derecho cuando declararon inaplicable por inconstitucional la ley que abre paso a una nueva reelección de Fujimori. La sentencia se aprobó, el pasado mes de abril, con cuatro votos a favor y tres abstenciones.
Según fuentes gubernamentales, los cuatro magistrados abusaron de sus competencias y la denuncia parlamentaria en su contra puede acabar en destitución. Delia Revoredo, uno de ellos, asegura que ése es el objetivo. "Está clarísima la intención de destituirnos y de acabar con al Tribunal Constitucional", declaró Revoredo.
