Rasgo de autoridad

EL CONSEJO de Ministros ha tomado seguramente la única solución que era razonable en la crisis de los fiscales de la Audiencia Nacional. La destitución del fiscal general, Juan Cesáreo Ortiz Úrculo, es una operación política inexcusable debido al tremendo desgaste que experimentó en la tarea de resolver la crisis y, todo hay que decirlo, en el escaso acierto de sus gestiones. Pues éstas consiguieron enredar innecesariamente un conflicto grave, pero sin complejidades añadidas. Aunque no es el único responsable del caos, es muy probable que con una actitud más decidida desde la Fiscalía General, y también con una estrategia menos complicada, los desplantes de los fiscales expedientados no se hubiesen producido o se hubieran cortado a tiempo y la fiscalía de la Audiencia no hubiera sufrido tal descrédito. En cuanto a su sustituto, habrá que adjudicarle el beneficio de la duda, pero los antecedentes profesionales de Jesús Cardenal, que son de dominio público, no muestran precisamente lo que se conoce como un talante liberal.También es una decisión satisfactoria que el Gobierno haya aprobado el traslado de la fiscal María Dolores Márquez de Prado. Porque las sanciones impuestas por el fiscal general del Estado deben cumplirse, con mayor o menor literalidad, pero siempre de forma sustancial, sin interferencias poco meditadas del Ejecutivo. Pues es necesario mantener el principio de jerarquía y el buen funcionamiento institucional en la cadena formada por el Consejo Fiscal, el fiscal del Estado y el Gobierno. El plante del Conseio Fiscal ha sido, sin duda, decisivo para que el Ejecutivo se haya decidido por la aplicación de las sanciones. Por añadidura, es buena política eliminar todos los problemas de una institución antes de nombrar un nuevo responsable. El nuevo fiscal jefe de la Audiencia, cuando sea nombrado, podrá desarrollar su labor sin ominosas cargas del pasado. La fiscal Márquez de Prado, por lo demás, tiene a su alcance el recurso legal correspondiente, como ya ha avisado el propio vicepresidente del Gobierno.

Existen claros indicios de que la decisión de sustituir a Ortiz Úrculo y aprobar la sanción impuesta a la fiscal Márquez de Prado fue un rasgo de autoridad de última hora. A pesar de la precipitación final, tal impulso es saludable. La crisis de la Audiencia era ya insostenible y no podía resolverse sino con un enérgico paso hacia adelante. De paso, el Gobierno planta cara a las exigencias y presiones de los medios de comunicación que han convertido en símbolo de todas las libertades inimaginables a determinados fiscales de la Audiencia Nacional, y muy especialmente a la hoy trasladada. El acta de la inspección publicada ayer por EL PAÍS aportaba no pocos datos en los que había basado su petición de sanción el fiscal general.

Pero si bien la decisión del Gobierno es correcta y elogiable, el mal tono del procedimiento empaña el resultado final. No parece de recibo que el fiscal destituido, Ortiz Úrculo, se entere de la decisión del Gobierno por la rueda de prensa del portavoz. Tampoco queda en muy buen lugar el presidente del Gobierno, José María Aznar, quien el lunes pasado aseguraba, en la entrevista concedida a Tele 5, que "el cese del fiscal general no está planteado". O el jefe del Gobierno estaba mal informado de la gravedad de la situación en la Audiencia o pretendía despistar conscientemente a la opinión pública.