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Tribuna:REFORMA DEL SISTEMA SANITARIO ESPAÑOL

La visión política

El autor expone diversas propuestas para preservar las instituciones del bienestar, una exigencia de las sociedades democráticas

Los sistemas sanitarios están hoy bajo la presión de factores globales del entorno como consecuencia de la internacionalización de la economía y del cambio tecnológico. En este contexto de cambios económicos, tecnológicos y culturales, preservar las instituciones del bienestar es una exigencia crítica de las sociedades democráticas avanzadas. El desarrollo económico en Europa occidental debe ser un instrumento para la integración e impulso del bienestar social. El fortalecimiento del estado social quiebra la polarización de la sociedad, legitima el sistema político y genera riqueza en términos de empleo.

El coste en el crecimiento de los gastos públicos en los países de la UE, como consecuencia de las necesidades de cumplimiento de los criterios de convergencia del Tratado de Maastricht, afecta a todos los sistemas sanitarios públicos.

Junto a las medidas comunes de contención del gasto, la intensidad de los factores endógenos propulsores del crecimiento de los gastos de sanidad obliga también a mejorar la eficiencia estática y dinámica del sistema sanitario público para garantizar un crecimiento interno sostenible, a la vez que se refuerza el compromiso ético del Estado con sus instituciones sociales.

Desarrollar este principio desde la ética política exige que de la subcomisión parlamentaría para la consolidación y mejora del Sistema Nacional de Salud (SNS) surjan las bases de un proyecto institucional de progreso e innovación de los servicios sanitarios que de respuesta a los desafíos de final de milenio, optimizando los cualificados recursos humanos y tecnológicos.

El acuerdo político entre los grupos parlamentarios, expresión de la lógica del consenso, es posible por el desarrollo y maduración alcanzado por el SNS en los últimos años, así como por el reconocimiento en los países occidentales de su calidad asistencial y científica, más allá de las campañas de deslegitimación.

La dirección estratégica y la misión del sistema sanitario, reconocida como derecho fundamental por nuestra Constitución desde los principios de universalidad, equidad en el acceso a las prestaciones sanitarias y financiación pública, requiere una mayor profundización en el concepto integral de la salud, en los derechos de los usuarios y en la orientación funcional del sistema.

Articular un proyecto solidario precisa garantizar institucionalmente desde la acción del Estado las siguientes políticas y bases de desarrollo:

1. Unificar el sistema de aseguramiento público integrando los diferentes regímenes existentes, lo que consagrada universalización de la asistencia sanitaria.

2. Comprometer para el SNS un crecimiento económico global, suficiente y sostenible, unificando a su vez todas las fuentes públicas de financiación sanitaria y distribuyendo los recursos sobre una base capitativa con sistemas de compensación entre CC AA.

La fórmula del copago, como instrumento de financiación del SNS, debe ser descartada por comprometer el objetivo de equidad.

Deberán cumplirse, asimismo, los criterios acordados en la Comisión de Política Fiscal y Financiera hasta el establecimiento de un nuevo acuerdo político que defina un escenario a medio plazo.

Las mejoras en la eficiencia asignativa y operativa deben reinvertirse en el sistema sanitario.

En el futuro sistema de financiación sanitaria han de acordarse entre el Estado y las CC AA fórmulas para poder aumentar los fondos destinados a esta función con cargo a ingresos propios.

3. Garantizar una estructura de prestaciones homogénea para todos los ciudadanos, una vez evaluadas por las agencias públicas acreditadas con criterios de coste/efectividad.

4. Garantías públicas al ciudadano que integren criterios de capacidad de elección, accesibilidad, eficacia, calidad asistencial, consentimiento informado, segunda opinión profesional, criterios de compensación por errores clínicos y seguridad en las prestaciones sanitarias.

5. Diferenciación funcional de competencias esenciales (financiación, compra/aseguramiento y provisión), evitando la creación de estructuras fragmentadas, las cuales obligarían al desarrollo de una arquitectura centralizada compleja, que incrementaría notablemente los costes. La función de compra integrada y residenciada en los servicios de salud de las CC AA

Deben ser principios de orientación de la política sanitaria, la integración horizontal de funciones críticas del sistema, la integración vertical de redes y servicios sanitarios y la integración funcional de competencias esenciales en la estructura de valor de los centros sanitarios.

6. Creación de entes públicos u otras formas jurídicas cooperativas que faciliten un mayor grado de autonomía con instrumentos más flexibles para la gestión de los servicios en un marco de competencia regulada.

Con independencia de la forma jurídica adoptada para la organización y gestión de los servicios sanitarios del SNS, deberá garantizarse también la titularidad pública del patrimonio y la participación efectiva en los órganos de gobierno de las corporaciones locales, los agentes sociales y los estamentos profesionales.

7. Integrar en el SNS la cobertura sanitaria de los riesgos relacionados con los accidentes laborales y las enfermedades profesionales -mutualismo laboral, garantizando el origen de fondos por cotizaciones sociales-.

8. Revitalizar las estructuras horizontales para garantizar la propia coherencia interna del sistema dotando de contenido a las funciones principales reservadas al Ministerio de Sanidad y Consumo, tales como: a) Desarrollo de políticas de protección de la salud de naturaleza sectorial e intersectorial; h) Potenciación de la autoridad y competencias del Consejo lnterterritorial; c) Establecimiento de sistemas efectivos de coordinación; d) Elaboración y control del presupuesto sanitario a nivel de la Administración General del Estarlo; e) Impulso de la cartera de competencias del Instituto de Salud Carlos 111como órgano de apoyo científico a la Dirección Institucional del Consejo Interterritorial; f) Desarrollo de un sistema de control del gasto farmacéutico, definiendo una cartera positiva financiada por el SNS regulando un mercado de competencia interna entre proveedores finalistas; g) Potenciación de sistemas de información y auditoría, de evaluación sanitaria y de acreditación de instituciones y servicios; h) Dirección estratégica institucional en las áreas esenciales del sistema sanitario (Recursos Humanos, Tecnología. . .).

9. Desarrollo de los servicios de atención primaria una vez mostrada su capacidad de funcionamiento y aceptación social.

Compromiso de mejora continua de los servicios hospitalarios como garantes de la calidad asistencial, desarrollando un instrumento participativo de dirección por objetivos, gestión clínica y evaluación e incentivos por resultados. Este modelo contractual a nivel de servicio, debe ser homogéneo y equitativo con independencia del tipo de relación laboral de los profesionales sanitarios.

10. Incrementar la red de infraestructuras y los estándares de calidad de los servicios sociosanitarios, coordinando e integrando funcionalmente estas actividades con las estructuras sanitarias.

11. Desarrollar un acuerdo: de cooperación con la institución médica y los profesionales del SNS para articular una política de promoción y participación que refuerce su legitimación y reconocimiento social.

12. Fomentar la innovación, el desarrollo de la ciencia médica, la investigación y la formación continuada, evaluando económica y socialmente su impacto.

Las organizaciones colegiales, profesionales y las sociedades científicas deberán representar una renovada y responsable misión, tanto en la función pregrado como posgrado (certificación y recertificación).

13. Completar las transferencias pendientes de los servicios sanitarios del Insalud a las CC AA, y consolidar el proceso de descentralización conciliando los legítimos intereses económicos y sociales a través de políticas de cooperación interterritorial sustentadas en principios de equidad y solidaridad.

Los instrumentos de colaboración institucional entre las CC AA deben contribuir a mejorar la capacidad de respuesta asistencial, así como reordenar eficientemente los flujos de demanda interregional.

La cartera ampliada de servicios sanitarios públicos como resultante de una politice de cooperación entre CC AA, permitiría sostener estructuras con dimensiones más eficientes y limitar en lo posible los procesos de externalización de competencias esenciales que pueden conducir a. un notable grado de fragmentación de la estructura de valor del sistema, con el riesgo de estrangulamiento financiero.

Pedro Sabando Suárez es médico y diputado socialista de la Asamblea de la Comunidad de Madrid.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 8 de mayo de 1997