La ley de cooperación suscita recelos autonómicos
El secretario de Estado de Cooperación, Fernando Villalonga, manifestó ayer en el Congreso de los Diputados que el anteproyecto de Ley de Cooperación elaborado por el PP prevé una comisión de Coordinación Interterritorial, que se ocupará de la cooperación internacional descentralizada, es decir la realizada por comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos y que hoy supone el 14% de la ayuda bilateral española. Ese anuncio suscitó ayer ciertas reticencias entre los grupos parlamentarios. La propia CiU, así como IU y el Grupo Mixto, advirtieron que tal comisión no debería ocasionar una "merma de la autonomía" y pidieron que no redunde en un "control excesivo de la Administración central". "No hay en la ley ningún deseo del Estado de dirigir" la comisión, aseguró Villalonga.Villalonga señaló que el anteproyecto -conocido sólo por el PP y CiU- llegará hoy a la comisión de subsecretarios, y se comprometió a presentarlo al Congreso antes de finalizar junio.
El Gobierno, explicó Villalonga, quiere un Consejo de Cooperación al Desarrollo consultivo aunque no vinculante. El Consejo "actualmente funciona de manera perversa al tener mayoría la Administración", dijo Villalonga. Afirmó que en el nuevo Consejo "la sociedad y las ONG podrán expresarse libremente e informar a la Administración, ayudándola a formar su voluntad desde la experiencia". El anteproyecto prevé incentivos fiscales para que las grandes empresas inviertan en cooperación, y la obligatoriedad de que las ONG se inscriban en un registro (ver EL PAÍS de 30 de abril), así como un Estatuto del Cooperante y la regulación de la Prestación Social Sustitutoria en el terreno de la cooperación.
