España va bien, los españoles no tanto

POCOS HABRÍAN pronosticado hace un año unos resultados económicos tan favorables como los que presenta el Gobierno en su primer aniversario; pero casi nadie habría previsto que esos resultados coincidieran con un deterioro del clima político como el que hoy preocupa a un número creciente de ciudadanos.En aquellos terrenos en los que el Gobierno ha actuado de acuerdo con las pautas habituales en los países europeos, sin estridencias ni afanes mesiánicos, las cosas le han ido bien; cuando ha pretendido inaugurar el mundo, rompiendo la continuidad propia de todo sistema democrático, los resultados han sido negativos. Si España va bien, como dice Aznar imitando a su caricatura, ¿a qué viene ese empeño en seguir remando de espaldas en quien prometió gobernar sin mirar atrás? ¿Por qué, si nada amenaza a la estabilidad democrática, la gente tiene el pálpito de un regreso al pasado, a una España dividida en bandos irreconciliables? Cualquier balance de este primer año de gobierno de la derecha tendrá que tomar en consideración la buena gestión económica, pero no podrá prescindir del casi nulo aprovechamiento de ese factor para mejorar la convivencia.

Hoy, un año después, las encuestas repiten con obstinación el cuasi empate del 3-M. La situación se ha mantenido invariable tanto durante el medio año en el que el PP pareció querer transmitir una imagen de sosiego como en el otro medio, caracterizado por la aparente búsqueda del conflicto y la crispación desde el poder y sus peanas periodísticas.Rato y su equipo tienen motivos para mostrarse satisfechos de unos resultados, avalados por la Comisión Europea y el Fondo Monetario, que muy pocos auguraban. No hace tanto, a la vuelta del verano, episodios como la marcha atrás en los recortes de las subvenciones a la minería, los globos sonda sobre el gasto sanitario o la confusión sobre el coste de la nueva financiación autonómica transmitieron una imagen de desconcierto y debilidad que alarmaron seriamente a los expertos de dentro y de fuera, incluyendo algunos muy adeptos.

Pero los resultados son hoy excelentes. La economía ha crecido lo suficiente como para crear empleó de manera sostenida y sin producir desequilibrios que otras veces han hipotecado el futuro. La estabilidad de los precios se ha visto favorecida por la moderación salarial y la excepcional cosecha. A su vez, esa estabilidad ha permitido compensar la debilidad del consumo con un mayor dinamismo exportador y, por otra parte, bajar espectacularmente el precio del dinero, lo que favorece la inversión, principal garantía de futuro.

Es cierto que esos resultados se han visto estimulados por un contexto internacional muy favorable, y que se han producido en un marco europeo de convergencia que deja escaso margen para las políticas nacionales; y que ha habido más continuidad que ruptura respecto a las que ya eran pautas de la política económica del último Gobierno socialista: el actual ha enunciado, más que aplicado, nuevas medidas liberalizadoras, y ha limitado de momento las pnivatizaciones a las empresas con beneficios, aplazando aquellas que pudieran resultar socialmente conflictivas.

Pero el Gobierno ha demostrado sensatez para colocar las velas a favor de viento. Aunque no ha tenido participación directa en el acuerdo sobre el mercado de trabajo, ha sabido aplicar en el momento oportuno la presión necesaria para desbloquear las negociaciones cuando parecían abocadas al fracaso: amagó con llevar una propuesta de reforma del mercado laboral al Parlamento si no había acuerdo entre sindicatos y patronal. En fin, el equipo económico del Gobierno ha evitado torpezas que dificultasen el aprovechamiento de la favorable coyuntura y ha demostrado sensatez en la renuncia, en parte por la influencia de los socios nacionalistas, a algunos radicalismos thatcherianos de antaño.

Dinamitar los puentes

¿Por qué, entonces, hay síntomas de un regreso al clima de incertidumbre, de inquietud ante el futuro y de crispación que caracterizaron los últimos meses del Gobierno socialista y que parecía haberse superado desde la convocatoria electoral, a comienzos de 1996? Gobernar es algo más que asegurarse la mayoría en el Parlamento: implica mantener la disputa política en niveles compatibles con el mutuo reconocimiento; tender puentes entre los electorados, de forma que los cambios de Gobierno no sean traumas sociales. Un Gobierno que tiene el 39% de los votos, o el 45% si se añaden sus aliados, no podría gobernar si considera al 55% restante de electores como sus enemigos, y menos si los trata como a delincuentes.

Uno de los efectos más visibles de esa orientación excluyente ha sido la pérdida de presencia y peso de España en la política internacional. Resultado obvio tanto de la ausencia de un diseño de conjunto como de una implacable línea de depuraciones ideológicas -y ni eso: caprichosas- que ha desmantelado relaciones y lazos sin motivo. El caso de Cuba, por ejemplo. En el ánimo de buscar un elemento diferenciador del Gobierno anterior, se eligió un mal objetivo y se desplegó una táctica peor: todavía hoy seguimos sin embajador y con los empresarios que allí se mueven perplejos ante tantas inconsecuencias.

Mejor le han ido las cosas al Gobierno en materia antiterrorista. Si las dificultades para acabar con ETA se mantienen casi igual que hace un año, es verdad que la percepción pública de las autoridades de Interior ha mejorado notablemente tras los desastres vividos en ese departamento durante los Gobiernos socialistas. Y justo será decir que se han encontrado con una prudencia en la oposición de la que ellos mismos nunca hicieron gala.

Autoritarismo y sectarismo han brillado también a gran altura en una política judicial caracterizada por la confusión, con episodios como el de los fiscales de la Audiencia Nacional, indicador de una incompetencia fuera de lo común. En fin, la utilización partidista de la televisión -con obsesiones ridículas respecto a la aparición del Gobierno para compensar las de los líderes de la oposición- ha batido todas las marcas conocidas.

El regreso a las trincheras se hizo patente a comienzos de año, justo cuando la escalada terrorista, así como las dificultades del proceso autonómico, hacían más necesario reforzar el consenso entre los grandes partidos nacionales. Reproches que no podían dejar de desplazar el debate hacia el pasado, como el de la supuesta amnistía fiscal, fueron magnificados con el pretexto de que los socialistas habían acusado al Gobierno de amiguismo en su política de nombramientos. Incumplimientos de sus compromisos, como el de no nombrar director de RTVE a miembros del PP, fueron seguidas de un intento de acallar las críticas de los socialistas por ese hecho con el argumento de que carecían de legitimidad para plantearlas. Después de haberles negado legitimidad para gobernar, exigiendo la dimisión de González apenas cerradas las urnas en 1993, ahora se la niegan para ejercer la oposición.

Ese talante se ha prolongado en dos terrenos muy sensibles: el de las purgas en la Administración y el del intervencionismo en los medios de comunicación. Muchos empleados públicos nombrados durante los últimos 14 años han sido tratados como usurpadores, y las promesas de una Administración profesional y neutral han desembocado en un clientelismo comparable, si no mayor, al de los socialistas. En eso han acabado haciendo más caso a quienes desde los medios más ansiosos les pedían venganza (y reclamaban su parte en el botín) que a otras voces más sensatas de su propio campo. Y quienes les han reprochado ese furor sectario han sido incluidos en la nómina de enemigos sin reparar en gastos.

El Gobierno se encuentra ante un dilema: la aparente coincidencia de intereses favorece su alianza con ese sector furioso, pero una obediencia excesiva por parte del Gobierno -como en el caso de la televisión digital- puede convertirle en su rehén. Si no rompe con esa dependencia, el Gobierno se verá abocado a gestos de reafirmación de su autoridad -demostrar quién manda aquí- que acabará llevándose por delante lo que queda del crédito centrista de Aznar. Su empecinamiento en barrer al discrepante le ha llevado a inventar una ley, contra el criterio de Bruselas y el sentido común, elaborada ex profeso contra un grupo privado de comunicación nPRISA, el nuestro- en beneficio de su propia opción. Para ello ha tenido que violentar su pacto con Pujol y recurrir al fundamentalismo de Anguita.

Nada de lo que ha hecho el Gobierno hasta ahora es irreversible. Y no todos sus miembros han mantenido la misma actitud ante esas cuestiones. Que Mayor Oreja y Arenas sean los ministros más valorados en las encuestas, y Cascos el que obtiene peor nota, indica que la gente así lo ha percibido. Pero haría mal Aznar en ignorar los riesgos de una lenta pero incesante instalación en la sociedad de la dinámica de las dos Españas con que sueñan algunos de sus hooligans más fervorosos.