Traducir la reforma

TRAS FIRMAR el acuerdo de la nueva reforma laboral, patronal y sindicatos reclamaron ayer que su contenido se plasme cuanto antes en textos legislativos para que pueda entrar en vigor este verano: cuando suelen crearse más empleos. La impresión es que algunos empresarios están retrasando decisiones de contratación a la espera de la nueva regulación laboral.A cambio de un despido más barato (33 días por año), los contratos de categorías sociales con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral (jóvenes, parados de más de 45 años, minusválidos) serán indefinidos. En los últimos tres años, tan sólo el 4% de los nuevos contratos ha sido indefinido y más de un tercio del total de asalariados son hoy eventuales. La reforma no afectará a los contratos fijos en vigor. No es cierto, pues, que el efecto inmediato vaya a ser una generalización de la precariedad por otras vías, como han sostenido los más críticos con el acuerdo, sobre todo el sector dominante de IU. La eficacia de la reforma depende ante todo del acuerdo entre los agentes sociales, pero para que despliegue su potencialidad como elemento dinamizador del consumo y factor de cohesión social es conveniente que se vea amparada por un amplio consenso político.

Es lo que vino a reconocer ayer el ministro de Trabajo al manifestar que más importante que el procedimiento concreto de plasmación de la reforma es el consenso que la respalde. Al tratarse de medidas cuyos efectos sólo se harán visibles a medio y largo plazo, no vale

la pena forzar las cosas si el precio es cuestionar apoyos políticos importantes. Los socialistas respondieron con un de entrada, no a la propuesta de tramitación como decreto-ley. Desde luego, la última palabra corresponde al Parlamento, sin que pueda establecerse una especie de mandato imperativo de los agentes sociales sobre los diputados. Pero no sería realista ignorar que la tramitación de la reforma en este caso, del Estatuto de los Trabajadores- como ley puede poner en peligro un acuerdo que ha requerido un año de gestación y tres meses de negociación minuciosa.

El problema no es, pues, únicamente de celeridad, sino de contenido. La propuesta de tramitación como decreto-ley del nuevo contrato es en este caso razonable. Otros aspectos de la reforma, como la modificación de la negociación colectiva, clarificación de las causas de despido y control sindical del mismo, así como los incentivos fiscales a la contratación indefinida anunciados por el Gobierno, sí podrían y seguramente deberían tramitarse como proyectos de ley.