PP y nacionalistas fijaron lo que recibirá cada comunidad de los ingresos del Estado

El Gobierno consiguió ayer sacar adelante, con el apoyo de los partidos nacionalistas, el decreto ley de participación de las comunidades autónomas en los ingresos del Estado. Las comunidades que han aceptado el nuevo modelo de financiación autonómica percibirán un billón de pesetas. Las tres gobernadas por el PSOE -Andalucía, Castilla La Mancha y Extremadura- que han rechazado el modelo recibirán 777.124 millones para 1997. Izquierda Unida (IU) y PSOE votaron en contra del decreto.La diputada socialista Mercedes Aroz denunció la "indefensión jurídica" en que permanecen las comunidades gobernadas por el PSOE, así como "la imposición unilateral" por parte del Gobierno de las cifras fijadas. Aroz insistió en que se ha violado el artículo 13 de la LOFCA que "exige un acuerdo bilateral" entre el Gobierno y cada comunidad autónoma.

El debate sobre el decreto-ley que fija la participación de las comunidades autónomas en los ingresos del Estado reeditó en el Congreso la discusión sobre el nuevo modelo de financiación autonómica. Aroz denunció, a la vista del decreto-ley, varias "situaciones anómalas" que, en su opinión, ponen en tela de juicio el nuevo modelo.

Citó entre las anomalías la existencia de "un cupo negativo" en la comunidad de Madrid en el porcentaje de participación en los ingresos del Estado para el quinquenio 1997-2001. La cifra concreta que fija el decreto es de -0,0334290. También cuestionó el modelo al verse obligado a disponer de transferencias financieras al margen. Citó los 5.876 millones adicionales para Canarias; los 11.250 millones para la Comunidad Valenciana y los 32.000 millones para Cataluña.

Aroz denunció también que los cálculos se han establecido sin actualizar el censo de población. Señaló que han quedado fuera de los cálculos 1.600.000 habitantes, lo que implicará una pérdida de 45.000 millones para Andalucía y 26.000 millones para la Comunidad Valenciana.

"Abuso del decreto-ley"

Asimismo, criticó el "uso abusivo" por parte del Gobierno del decreto ley. Aroz señaló que el aprobado ayer es el número 20 desde que el PP gobierna, lo que supone casi la mitad de las tramitaciones legales planteadas por el Ejecutivo. La diputada socialista añadió que el procedimiento de urgencia no justificaba el instrumento del decreto ley porque "ha habido siete meses para tramitarlo como proyecto de ley". "Lo que sucede es que el Gobierno quiere rehuir el debate que hubiera acarreado la tramitación como proyecto de ley", añadió.

El diputado de CiU Francesc Homs defendió el decreto ley y pidió a los socialistas que no lo rechazaran porque si su voto fuera decisivo y se bloqueara la regulación, se colapsaría la financiación autonómica.

El ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, rehusó intervenir más allá de la explicación de los antecedentes del decreto ley. Distinguió entre las comunidades que han aceptado el nuevo modelo de financiación y las que no lo han aceptado.

En el primer caso, aclaró que el decreto dota a cada comunidad de los créditos correspondientes a las entregas a cuenta de los dos mecanismos financieros: la participación en los ingresos territoriales del IRPF -para la que se dota de 385.303,7 millones-, y la participación en los ingresos generales, para la que las transferencias ascienden a 652.367,5 millones. Se ocupa, además, del remanente de crédito originado por la creación de la tarifa autonómica del IRPF.

En cuanto a las tres comunidades que no aceptaron el nuevo modelo, las gobernadas por el PSOE, explicó que el decreto aprueba transferencias por valor de 777.124,8 millones.