Sanidad propone un "ranking" de hospitales para que el paciente elija en toda España

La competencia va a ser dura en el nuevo modelo de organización que propone el Ministerio de Sanidad para el Sistema Nacional de Salud. Uno de sus pilares va a ser la libre elección de médico, de centro e, incluso de provincia para tratamiento, que se hará en base a un ranking de calidad de los hospitales y servicios. Quien más demanda tenga, más dinero público recibirá, según el documento con 55 propuestas que ayer presentó el ministro José Manuel Romay a la ponencia parlamentaria. Los diputados exigieron la presencia del ministro de Economía para que se aclare cómo se va a financiar la sanidad.

Las propuestas se ordenan en cuatro apartados, uno de los cuales, el de organización y gestión, ya está en vigor y ha roto el posible consenso con Izquierda Unida. Su diputada Ángeles Maestro rechaza la ley aprobada este mes con los votos del PSOE que habilita empresas de "titularidad" o "naturaleza" pública" para la prestación sanitaria, lo que permite accionariado, privado.Los nuevos sistemas de gestión de los centros les dan plena autonomía de compras, financiación o selección de personal. Son las bases en las que se asentará la plena implantación de la libre elección para el paciente. Los españoles podrán elegir médico, equipo u hospital, incluso aunque se encuentre en un servicio autonómico distinto al de su residencia.

Para elegir, Sanidad propone promover "información comparada de los niveles de calidad asistencial de los diversos centros y servicios", una de las máximas del libre mercado. Como consecuencia de todo ello, los "flujos financieros" irán a los centros "de acuerdo con las preferencias de los pacientes".

Para llegar a este punto, será necesaria una modificación de la Ley General de Sanidad, una de las tres que prevé el documento. La segunda tiene como objetivo separar el aseguramiento sanitario de la afiliación a la Seguridad Social para garantizar el derecho a todo ciudadano con independencia de su situación laboral o personal. Y la tercera para asegurar un régimen común a toda nueva empresa sanitaria pública que se cree.

El documento no concreta la "ordenación de prestaciones", sólo invita a definir cuáles y cómo serán garantizadas por el sector público.

Respecto a la prestación farmacéutica, el reiterado anuncio sobre un cambio en el copago de los medicamentos en función de la renta y del estado de salud se resuelve en el texto con la recomendación de "reformas estructurales de la prestación farmacéutica con el fin de racionalizarla".

Trabajadores

La sanidad pública tiene más de 350.000 empleados, la mitad de ellos sanitarios. El documento plantea que son suficientes, aunque desigualmente repartidos. Así, para ajustar las plantillas se propone promover planes de empleo o jubilaciones anticipadas. Sanidad plantea a la ponencia parlamentaria elaborar un nuevo estatuto -funcionarial o no- para los trabajadores del sistema que acredite una fórmula común para el acceso y movilidad por todo el Estado.

El Gobierno quiere que sea la ponencia parlamentaria la que asuma un documento final para la reforma, que será el que, a partir de estas propuestas del ministerio de Sanidad, presente en breve el grupo parlamentario popular para su discusión.