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Editorial:

No hay derecho

GRAVE ES que una mayoría parlamentaria apruebe una ley que despierta dudas sobre su constitucionalidad. Grave también que lo haga a sabiendas de que choca con el ordenamiento europeo, lo que pone de relieve el calado del europeísmo de sus impulsores. Pero lo más grave es que el Gobierno decida legislar abiertamente a favor de una de las dos empresas que pretenden competir en el mercado de la televisión digital, con el apoyo de los diputados de IU que controla el partido comunista- y a costa de abrir una nueva brecha con sus aliados catalanes.El objetivo de esta ley, que ha empeorado el urgentísimo decreto-ley que la originó, es cristalino: favorecer el proyecto de plataforma digital que impulsa el Gobierno con el concurso de Telefónica, RTVE y la mexicana Televisa, frente a la de Canal Satélite Digital, que ya funciona y que en poco más de dos meses cuenta con más de 30.000 abonados y otras tantas peticiones de suscripción.

La ley obliga a que los operadores se pongan de acuerdo sobre el descodificador, y en ausencia de pacto impone el sistema multicrypt, que impulsa Telefónica y que todavía no existe en el mercado. La ley deja así a Canal Satélite Digital a expensas de lo que decida su competidor, al que concede en la práctica derecho de veto. ¿No es esto un abuso de poder? Es tal el despropósito que, como se señaló ayer en el Congreso, si no se diera tal acuerdo y la tecnología alternativa tardara en fructificar, España quedaría al cabo de dos meses sin televisión digital. Así no se protege a los consumidores, por mucho que la demagogia anguitista insista en ello para justificar un voto injustificable, sino que se perjudica gravemente a los únicos consumidores que existen: los abonados a Canal Satélite. Esta empresa ya ha hecho pública su decisión de seguir emitiendo con absoluta normalidad, prestando el servicio que han contratado sus suscriptores, además de recurrir a todas las instancias legales pertinentes, españolas y europeas.

Porque la ley viola principios fundamentales del ordenamiento europeo al imponer una homologación nacional de los descodificadores distinta a la del resto de Europa. Y ello pese a que las autoridades españolas han sido previamente apercibidas desde la Comisión. Algunos parecen haber olvidado que no estamos ya en la España de la autarquía, sino en una Europa en la que las mercancías circulan libremente por un mercado único. Lo que se vende en Francia no se puede prohibir en España, salvo en situaciones excepcionales. No ha sido muy riguroso el ministro de Fomento al afirmar que aplica en España la solución recogida en la ley británica. Nada más lejos de la verdad: los británicos, tan pragmáticos, no han ido ni contra la competencia (entre empresas) ni contra la lógica (con un sistema aún no desarrollado).

Y es que desde parámetros europeos es imposible entender la obcecación gubernamental. ¿Por qué un consumidor español o una empresa española ha de sufrir unas limitaciones que no tienen los franceses, italianos o luxemburgueses? Para reforzar la paradoja, se quiere inscribir esta ley en la directiva europea de Televisión sin Fronteras. Y es cierto que tales fronteras -al menos en cuanto a descodificadores- no existen en Europa... si excluimos a España.

Cabe también una mención a los depósitos. La ley aprobada ayer introduce la novedad de que habrán de ingresarse en una cuenta especial del Mercado de las Telecomunicaciones. Entre otras consideraciones, una obvia: tal inclusión implica el reconocimiento de que hasta, ahora nada ordenaba hacerlo. No está mal que el propio Gobierno reconozca lo que todo el mundo ya sabía, con la excepción de algún litigante profesional y la fiel infantería que puebla los medios de comunicación al servicio de La Moncloa.

La votación de ayer tendrá, además, evidentes efectos políticos. En un tema importante, en el que están en juego principios básicos de toda democracia -como la no retroactividad y la libertad de empresa-, Aznar ha decidido pactar con el paleocomunismo de Anguita, en claro desafío a su principal aliado, Jordi Pujol, quien públicamente les ha hecho saber su descontento. El Gobierno, de forma incomprensible, trastoca todos sus planteamientos liberalizadores, que sin duda han servido para apuntalar la situación económica, cuando se enfrenta al mundo de la comunicación. Sólo la necesidad de dañar a quienes consideran medios poco obedientes a sus consignas explicaría el extraño pacto sellado ayer entre el sector más duro de IU y la derecha liberal que dice representar el PP. Molins lo advirtió ayer: CiU no tolerará que el Gobierno se apoye más en los votos de IU.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 18 de abril de 1997