Las tabaqueras de EE UU negocian crear un fondo de 43 billones para evitar los pleitos

Los más altos ejecutivos de la industria tabaquera de Estados Unidos están negociando en Washington, con la supervisión de la Casa Blanca un acuerdo histórico con fiscales estatales y abogados particulares para que los afectados por fumar, en vez de ir a juicio, tengan acceso a un fondo común de 300.000 millones de dólares (unos 43 billones de pesetas). Desvelada por el diario The Wall Street Journal y luego recogida por otros medios nacionales, la noticia se considera un punto de inflexión que puede ser definitivo en la batalla legal sobre el tabaco.

La Casa Blanca está supervisando la negociación, que incluye otras cuestiones Importantes como la publicidad. Aunque todavía no se ha alcanzado un acuerdo y no hay declaraciones oficiales, el nivel de los interlocutores que se han sentado a negociar en Washington y de los temas que están tratando no tienen precedente.En concreto, los presidentes de Phillip Morris y RJR Nabisco han acudido al inicio de las charlas, que en principio eran secretas, cara a cara con los fiscales generales de seis estados y abogados de particulares que están en litigio con fabricantes de cigarrillos por las secuelas que provoca la adicción al tabaco.

Philip Morris fabrica los cigarros que llevan el nombre de la casa, aparte de las marcas Marlboro, Benson & Hedges y Virginia Slims, entre otras. RJR Nabisco posee las marcas Winston, Camel y More. Además hay otras dos compañías tabaqueras en la mesa, con lo que el total de los involucrados supera ampliamente los casos de acuerdo que se han dado hasta la fecha (recientemente un ejecutivo de la empresa Ligett Group admitió por su cuenta que el tabaco era adictivo para evitar una demanda).

Los estados que están discutiendo el acuerdo son Florida, Minnesota, Connecticut, Mississippi, Washington y Arizona. El punto fundamental es que la industria pondría un fondo común de 300.000 millones de dólares a disposición de enfermos por culpa del tabaco, a condición de que éstos se abstengan de demandarles. Las tabaqueras se han dado cuenta de que, uno a uno, los litigios pueden llevarles a la bancarrota, y ese fondo común a lo largo de 25 años es un mal preferible.

Ahora mismo una familia de Jacksonville (Florida) está reclamando responsabilidades a RJR Reynolds por la muerte de una mujer que fumó toda su vida. No es casual que las acciones de las dos empresas mencionadas se hayan disparado en Wall Street al saberse de las negociaciones.

Los ingresos anuales de la industria en conjunto rondan los 45.000 millones de dólares. Pero sólo en esta primera cuestión ya se han planteado varias preguntas Primero, si es constitucional impedir a los afectados que demanden individualmente. Segundo, ¿quién administraría ese fondo? Cualquier acuerdo de este nivel, que sólo se prevee a largo plazo, deberá ser aprobado en su momento por el Congreso y luego respaldado por el presidente Clinton.

Otras grandes concesiones que las tabaqueras estarían dispuestas a hacer se refieren a su propia publicidad, y van más allá de lo que la administración federal se ha atrevido a barajar hasta la fecha: eliminar por completo las vallas publicitarias y prohibir los anuncios de tabaco con imágenes de seres humanos. Es decir, que entre otras cosas la propia casa Marlboro eliminará, si se lo piden, al hombre Marlboro.

Un tercer aspecto que se cita en The Wall Street Journal es que la industria tabaquera quiere, en los términos del acuerdo, pasar del todo al ámbito regulatorio de la Food and Drug Administration (-Administración para los Alimentos y los, Medicamentos, FDA). Esto supondría que los fabricantes tendrían que desvelar a esa agencia federal todos los componentes químicos de los cigarrillos para que ésta los regule.

Las tabaqueras ganan con esto: si dicen todo lo que ponen en su producto, nadie podrá quejarse de que no lo sabía. Además, se cree que la dirección actual de las negociaciones apunta a que las dosis de nicotina quedarán exentas de esta regulación federal. La Casa Blanca está involucrada en la negociación como observador, en la persona de Bruce Lindsey. El portavoz Mike McCurry dijo que los objetivos de la administración eran sólo los de proteger la salud pública y en concreto a los menores de edad. El Gobierno no quiere que todo resulte en que los fabricantes de tabaco obtengan inmunidad legal, y además cree, al igual que los fiscales, que el fondo es insuficiente.