Una ley de patentes desencadena las hostilidades comerciales entre Argentina y EE UU

La alianza política entre Argentina y Estados Unidos funciona a satisfacción de las partes, pero cuando de mercados y dinero se trata sufre el noviazgo. La decisión del presidente Bill Clinton, presionado por el lobby farmacéutico, de suspender las preferencias arancelarias a 113 productos argentinos, cuyas exportaciones a EE UU suman 260 millones de dólares (37.700 millones de pesetas), ha sido protestada por el Gobierno de Carlos Menem e indignó en el Congreso, donde varios diputados proponen al Ejecutivo represalias contra los inversores norteamericanos.

Con cuidado para no afectar el flanco político, Estados Unidos ha castigado las leyes argentinas de patentes y propiedad intelectual por considerar que perjudican las posibilidades de penetración de sus empresas y laboratorios en este emergente mercado suramericano."Argentina soportará estas medidas, pero el Gobierno no modificará una legislación de la, que está muy satisfecho", afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Guido Di Tella. "Es un golpe innecesario y arbitrario a un aliado político y comercial", agregó.

La disposición del Departamento de Comercio de EE UU, al que fuentes oficiales tratan en Buenos Aires de restar importancia, no sorprendió mucho porque ya en enero Washington había amagado con sanciones, al manifestar su disgusto por el contenido de la ley, de patentes en lo argentina, principalmente que atañe al sector farmaceútico. La ley establece un período de cinco años antes de que los laboratorios nacionales abonen derechos de patente.

Acuerdos internacionales

Estados Unidos, contra la argumentación de Buenos Aires, sostiene que el plazo contraviene los acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual. Aunque se pretende no envenenar las relaciones con uno de los mejores aliados en América Latina, ese propósito no es fácil porque las medidas tomadas afectan al 50% de los productos argentinos incluidos en el Sistema Generalizado de Preferencias.

El pasado año Argentina vendió en los mercados norteamericanos un total de 1.800 millones de dólares (261.000 millones de pesetas), y en 1996 la diferencia entre las exportaciones e importaciones fue desfavorable en 2.236 millones.

El Gobierno estadounidense parece querer escarmentar, demostrar al mundo que "con la propiedad intelectual no se juega". Las sanciones refrendadas por Clinton restan competitividad a las mercancías gauchas, fundamentalmente las de los sectores químico, metalúrgico, lácteo, agrícola, cárnico, y artículos de piel y cuero.

El Gobierno de Menem recuerda, por su parte, las "sucesivas postergaciones" (por parte de Estados Unidos) en la aplicación de los acuerdos adoptados en la Ronda de Uruguay del GATT sobre liberalización del comercio internacional, como la adquisición de 20.000 toneladas de carne, la cuota de cacahuete o la de otros productos argentinos".

En una comunicación al Congreso, Clinton no se anduvo por las ramas: "Las leyes argentinas no les dan seguridad a las inversiones extranjeras". Hace unos meses envió una carta a Menem anticipándole las sanciones. "Nos nos queda otro remedio", escribió.

El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, con excelentes contactos en la Administración y el ambiente económico norteamericanos, abundó sobre este punto con mayor contundencia ante un auditorio de ejecutivos y hombres de empresa.

En Argentina, dijo, hay leyes que protegen la corrupción, jueces corruptos asociados y grupos que consiguen leyes para sus negocios. Los detractores de Cavallo buscan su desprestigio proclamando que respira por la herida desde que fue destituido por Menem y le pintan como un quintacolumnista de Washington.

El Congreso argentino se ha movilizado y protestará ante la Organización Mundial de Comercio. Varios diputados del Gobierno y de la oposición proponen que se excluya a las empresas norteamericanas de las licitaciones públicas argentinas.

Otra alternativa es fijar un impuesto aduanero del 30% a todas las exportaciones estadounidenses y aumentar la fiscalidad interna a las coca colas y otras bebidas gaseosas con origen en EE UU. La reacción de las empresas afectadas ha sido más cauta que crispada.

El titular de la Union Industrial Argentina (UIA) lamenta que el castigo "no se compadece con el esfuerzo que hicimos en el proceso de apertura económica". Más belicosos fueron los laboratorios y la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales, que llamó a "boicotear la compra de los productos norteamericanos".