Los regantes emplazan a Isabel Tocino a modificar su política sobre el agua

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes ha emplazado a la ministra de Medio Ambiente a que de marcha atrás en su proyectada reforma de la Ley de Aguas. Los regantes, que consumen el 80% de los recursos hídricos del país, consideran que la reforma encubre la implantación de un precio al agua que consumen y un gravamen. En caso de aplicarse, dicen en una carta que hoy presentarán al registro del ministerio, los agricultores se situarán en una posición no competitiva con sus colegas europeos y se verán abocados a abandonar el campo y su desarrollo sostenible.

En un escrito depositado hoy en el registro del Ministerio de Medio Ambiente la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España transmite a la ministra Isabel Tocino "su rechazo y oposición" al planteamiento económico que se contempla en el borrador del anteproyecto de reforma de la Ley de Aguas (1985).El mensaje transmite los acuerdos adoptados por la Asamblea General de la Federación Nacional celebrada el pasado 9 de abril, tras debatir el proyecto, cuyo texto según el Secretario de Estado de Aguas, no es el definitivo.

Los regantes, no obstante, se curan en salud y recuerdan que su Federación tiene carácter de Corporación consultiva del ministerio. Solicitan urgentemente la entrega del borrador definitivo y demandan iniciar negociaciones con el Ministerio. Lamentan, por último, "no haber tenido ninguna participación en la elaboración de un documento que modifica sustancialmente la Ley de Aguas de 1985, siendo la Federación Nacional el único órgano representativo del regadío español".

En el borrador mencionado se propone aplicar un canon a todos los usuarios de agua, trasferir su recaudación a la Agencia Tributaría, contribuir a los gastos de las Confederaciones Hidrográficas por parte de los regantes, así como la aplicación de mecanismos incentivadores para ahorrar el consumo.

Según Andrés del Campo, presidente de la Federación, "lo que se persigue en términos generales es cobrar más por todo. Cueste lo que cueste. ¿Cúanto va a costar?", se pregunta. El canon de ocupación es visto como un impuesto más y le llama la atención la pretensión de fijar dotaciones de caudales por el Consejo de Ministros con carácter anual y generalizado. En su opinión eso puede originar infinitos problemas, incluso dentro de zonas con el mismo sistema de riego, porque los rendimientos dependen de muchos factores. "No se pueden generalizar las dotaciones", dice, "es una barbaridad técnica".

Afán recaudatorio

Andrés del Campo asume la instalación de contadores a pie de parcela para controlar el consumo, pero con cautelas: "Siempre hemos demandado que para poder facturar por volumen deben ayudarnos necesariamente a instalar los instrumentos de control, porque son costosísimos y no suponen ningún beneficio adicional ni al agricultor ni a la comunidad de regantes". En definitiva, la agrupación de todos los regantes españoles considera perjudicial para sus intereses la modificación que el Gobierno propone de la Ley de Aguas. Deducen de su texto "un afán recaudatorio" que va en contra de la agricultura sostenible.En caso de aplicar esos gravámenes, Andrés del Campo asegura que la agricultura española no podrá competir en Europa, donde sus colegas no tienen que imputar el coste del agua en sus productos porque les cae del cielo este recurso. Y si aquí no son competitivos abandonarán el campo, pues sólo son ellos quienes trabajan para su conservación.

Hasta ahora la Federación había sido muy cautelosa. En realidad no había abierto la boca. A partir de la Asamblea ordinaria del pasado día 9, las Comunidades de Regantes, que trabajan sobre más de dos millones de hectáreas de tierras (el resto toman el agua directamente del río), quedan en libertad para manifestar su posición ante el proyecto del Gobierno.

Durante los debates en el Consejo Nacional del Agua del Plan Hidrológico de Borrell, en julio de 1994 los regantes reta ron al ministro a que se votara la aplicación de un régimen económico al agua. Borrell ale gó que de aceptar el procedimiento, el debate se haría intermible. No se votó ese punto, pero a la hora del voto definitivo los regantes respondieron con un no al conjunto del plan.