Del 26% al 2,2% de inflación

El Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad del Empleo, al que han llegado las cúpulas sindicales y la de la patronal la semana pasada, tiene un efecto colateral a los que puedan conseguirse en materia de empleo: el fortalecimiento de los agentes sociales después de un largo periodo de languidecimiento.Cuando menos parecía posible, las organizaciones de los empresarios y de los trabajadores recuperan protagonismo, y dejan de tener una consideración análoga, por ejemplo, a los colegios de abogados, como declaró despectivamente hace unos años en una entrevista un ministro de Economía socialista. De modo paradójico, ello sucede con un Ejecutivo conservador, que ha dado multitud de muestras de desear gobernar a través de la autoritaria figura del decreto-ley. En esta ocasión ha proporcionado autonomía a las partes, que han obtenido un éxito compartido.

Con este acuerdo son seis los grandes pactos sociales firmados en la transición española: Acuerdos de La Moncloa (1977), Acuerdo Básico Interconfederal (1979), Acuerdo Marco Interconfederal (1980), Acuerdo Nacional de Empleo (1981), Acuerdo Interconfederal (1983) y el actual. Durante 20 años de democracia se ha aplicado el concepto de pacto social -un instrumento del Estado de bienestar- a realidades distintas, con composiciones diferentes, pero en todos ellos ha aumentado el grado de contractualismo de las relaciones laborales. En el pacto alcanzado ahora se dice textualmente: "El presente Acuerdo otorga un mayor protagonismo a la negociación colectiva en la contratación..."

En esos primeros años de la transición democrática se. multiplicaron los intentos pactistas, con el objetivo primero de corregir los desequilibrios macroeconómicos tradicionales de la economía española, pero con la filosofía finalista (implícita) de apuntalar la democracia; en 1987, el todavía secretario general de UGT, Nicolás Redondo, lo reconocía paladinamente: "Los grandes pactos ya no son posibles. Eran factibles en la transición porque se buscaba sobre todo la legitimación política".

Se equivocaba. Hay que recordar que durante los casi 14 años de socialismo sólo se firmó un pacto social (entre la patronal CEOE, y las centrales sindicales CC OO y UGT, sin la presencia del Gobierno) y fue en los primeros meses, cuando el Ejecutivo de Felipe González conservaba su fuerza parlamentaria mayoritaria intacta y una amplísima mayoría social, pese a haber implantado un duro plan de estabilización como primera medida de Gobierno socialista.

Ahora, el Partido Popular, muy débil en el Parlamento, pero con una situación económica muchísimo mejor, ha logrado que los agentes sociales, encabezados por patronal y sindicatos, acompañen a esta coyuntura con un clima de confianza y de colaboración.

Sería deseable que este Acuerdo, de cuatro años de duración (el concebido con más ambición en el tiempo) no fuese una excepción y tuviese un desarrollo acompasado a las circunstancias.

Días pasados, con motivo del 20 aniversario de la legalización del Partido Comunista, Santiago Carrillo recordaba los prolegómenos de los Pactos de La Moncloa, cuyos protagonistas fueron los partidos políticos (ya que los sindicatos, recién legalizados, no habían contrastado electoralmente aún su representatividad social). En aquellos pactos, el Gobierno de UCD se comprometía a poner en marcha una serie de reformas en ámbitos como el fiscal, vivienda, política educativa, seguridad social, etcétera, a cambio de contención salarial. En aquellos momentos, la inflación media superaba el 26% y la de los meses centrales del año llegó al ¡42%! ¿Alguien hubiera apostado a que 20 años después, el índice de precios al consumo superaría levemente tan sólo los dos puntos?