Sólo el presidente de la Sala se opone al control judicial del secreto oficial

Un total de seis magistrados -de los 33 que integran la Sala Tercera del Tribunal Supremo- presentaron votos particulares a alguna o a las tres sentencias sobre los papeles del Cesid. Sólo el del presidente, Ángel Rodríguez García, se opone al control judicial de la decisión gubernamental de no desclasificar los documentos reclamados por tres jueces penales. Para Rodríguez, la Ley de Secretos Oficiales -"de cuya constitucionalidad no albergo duda alguna" dice- en la que se amparó el Gobierno avala el acuerdo impugnado.

Rodríguez explica que, dado que el Consejo de Ministros del 2 de agosto se atuvo a la vigente ley de Secretos Oficiales, que cree acorde a la Constitución, "mal pueden resultar lesionados los derechos fundamentales invocados por los recurrentes, que no son absolutos o ilimitados -ningún derecho fundamental lo es-, sino de configuración legal".El presidente de la Sala, que fue el que tomó la decisión de que fuera el pleno de la misma el que deliberara y resolviera los tres recursos, argumenta: "Sólo en el caso, que a mi juicio no se da, de que el acto impugnado fuera contrario a la mencionada ley, es cuando habría que haberse preguntado si su ilegalidad trascendía a aquellos derechos, habida cuenta del ámbito limitado del proceso especial en el que nos hallamos".

Rodríguez reprocha a la mayoría de la Sala que "haya operado desde criterios de oportunidad que le han llevado a sustituir al Gobierno, en lugar de efectuar un control jurídico de la actuación recurrida". Estima que la fiscalización del acuerdo gubernamental impugnado debió hacerse partiendo del acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, que otorgó con carácter genérico la clasificación como secretos a la estructura, organización y procedimientos operativos específicos de los servicios de información, así como sus fuentes y cuantas informaciones o datos puedan revelarlos".

El resto de los magistrados firmantes de votos particulares admite, al menos con distintos matices, que se entregue al juez Justo Rodríguez el documento del Cesid relativo a la muerte, por disparos de la Guardia Civil, de la joven Lucía Urigoitia. Junto a Jesús Ernesto Peces Morate, que defiende el planteamiento más frontal contra la sentencia, el bloque de los restantes jueces se opone a las dos sentencias, relativas a los papeles que afectan a los casos Oñederra y Lasa-Zabala, pero no al de Lucía Urigoitia.

Se trata de Pascual Sala Sánchez, ex presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. (CGPJ); Fernando Ledesma, ex ministro de Justicia del primer Gobierno socialista; Juan Antonio Xiol, ex-vocal del CGPJ y ex alto cargo de Justicia, y José Manuel Sieira. Sólo Pascual Sala explica su diferencia de criterio.

Pascual Sala estima que, a diferencia de lo considerado respecto a los otros dos recursos en el sentido de que "los documentos de los que allí se trata no constituyen, por sí mismos, prueba directa de la perpetración de un delito, ( ... ), en el presente caso [documento sobre supuestas manipulaciones para ocultar la autoría de la muerte de Urigoitia] la relevancia la da el hecho mismo ( ... ) de que su sola revelación determinó la reapertura de una causa que había sido sobreseída provisionalmente y había sido archivada".