El plan contra la fuga de industrias elude imponer trabas legales a los empresarios

El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid firmaron ayer un convenio para evitar que las 2.000 empresas (40.000 trabajadores) a las que el nuevo Plan General recalifica sus terrenos como urbanizables se fuguen de la capital sin reinvertir las plusvalías que la venta de dichos terrenos podría generar. Sin embargo, dicho convenio no recoge ninguna traba legal a los empresarios para evitar la temida fuga. os sindicatos, que consideran en grave riesgo esos 40.000 puestos de trabajo, se sienten engañados, tildan de inútil el cuerdo y anuncian movilizaciones.

El alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, y el presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, firmaron ayer el convenio con la intención de apaciguar los ánimos de UGT y Comisiones Obreras contra el nuevo Plan General de Madrid, pero no lo consiguieron.Este convenio tiene 11 apartados que muestran las buenas intenciones del PP: mejorar y renovar los polígonos industria les, ofrecer suelo para nuevas inversiones, mantener y promover el suelo industrial, crear una base de datos sobre el terreno disponible para actividades productivas.

Pero ninguno de los puntos establece las medidas legales contra la fuga de empresas. Cuando el Plan General se apruebe, los empresarios con suelo industrial recalificado a residencial podrán ejecutar nuevos derechos urbanísticos y levantar viviendas donde había una fábrica. El alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, interpreta que este cambio no será automático y requerirá el permiso previo de las instituciones: "Nadie dirá: 'hala, me voy', porque nosotros diremos: No, siéntese a negociar".

Sindicatos

Los sindicatos, por su parte aseguran que el Plan General otorga unos derechos (en este caso la posibilidad de convertir una industria en un bloque de pisos) que nadie puede vulnerar. "Si a los empresarios les niegan este cambio de uso de sus terrenos y acuden a los tribunales de justicia, ganarán su recurso, se eliminarán puestos de trabajo y podrán obtener las plusvalías previstas", vaticinan.El presidente regional, Al berto Ruiz-Gallardón, cree que esto no ocurrirá, porque los dueños de industrias se verán obligados a negociar un convenio de gestión con las administraciones. Y ahí se verán en la necesidad de reinvertir en algún punto de la región las plusvalías que obtengan, garantizando los puestos de trabajo.

Pero en ningún apartado del convenio firmado ayer entre el alcalde y el presidente regional se impone obligatoriedad alguna ni se establecen trabas legales al cierre de industrias para su conversión en viviendas.

En un principio, el Ayuntamiento prometió a los sindicatos crear "una comisión integrada por los sindicatos, el municipio, los empresarios y la Comunidad", encargada de "dar luz verde" a las empresas con deseos de irse de la ciudad con el dinero generado de la plusvalía. Posteriormente, y después de que los empresarios afirmaran que no tenían ninguna intención de formar parte en esa comisión, el municipio dio marcha atrás.

"Y por eso nos sentimos engañados, como si nos hubieran tomado el pelo. Yo no sé qué tipo de ciudad quiere este alcalde", se queja José Ricardo Martínez, secretario general de UGT-Madrid. "Este convenio es una mera operación de maquillaje", añade Rodolfo Benito, secretario general de CCOO-Madrid.

El alcalde dijo ayer que el Ayuntamiento "se reunirá con los comité de empresa de cada empresa afectada, pero quien tiene la decisión final de permitir a una empresa que se marche o no es el municipio y la Comunidad, y no los sindicatos". Los sindicatos tienen prevista ya una manifestación de protesta para el día 23 de este mes.

IU se mobiliza

Por otra parte, el grupo municipal de Izquierda Unida anunció ayer movilizaciones para hoy en Orcasitas y para el viernes en el distrito de Campamento a fin de protestar por el Plan General. "Como por vía institucional no nos hacen caso, saldremos a la calle", dice Francisco Herrera, portavoz de IU.