El Gobierno contemporiza con Pujol y minimiza el papel de los subdelegados en Cataluña

El Gobierno ha decidido contemporizar con Jordi Pujol y minimizar el papel de los subdelegados en Cataluña. Las desavenencias fueron causa de un malentendido, según dijeron ayer al alimón el ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, y el conseller de Gobemació de la Generalitat, Xavier Pomés, tras una reunión de hora y media en Castellana 3, en la que zanjaron el conflicto sobre la competencia de orden público y el papel de los subdelegados, o sustitutos de los gobernadores civiles, en Cataluña. Éstos no tendrán atribuciones políticas en materia de orden público y si las ejercieran sólo sería provisionalmente hasta que se produzca el despliegue de los Mossos d'Esquadra.

Rajoy y Pomés firmaron la paz en hora y media de reunión, en nombre del Gobierno y de la Generalitat, y la rubricaron con una rueda de prensa conjunta. La hora y media fue para deshacer unos equívocos que ya estaban casi desmadejados después de una conversación telefónica entre el ministro y Pujol.Se trataba de poner en claro qué alcance tenía la afirmación de la delegada del Gobierno en Cataluña, Julia García Valdecasas, acerca del ejercicio por parte de los subdelegados, la figura que el 5 de mayo sustituirá a los gobernadores civiles, de la competencia de orden público. La Generalitat temía que, al final, los subdelegados fueran unos meros continuadores del papel de los gobernadores civiles en una materia tan delicada como el orden público.

Rajoy tranquilizó a Pomés y le aseguró que el único titular de la competencia sobre las Fuerzas de Seguridad del Estado es el delegado del Gobierno y que cuando se produzca el despliegue total de los Mossos d'Esquadra será la Generalitat la responsable del orden público.

En ese período provisional, que culmina el año 2001, será, por tanto, el delegado del Gobiemo el titular de la competencia de orden público. Los subdelegados nada tienen que ver con su figura precedente, la de los gobernadores civiles, porque son funcionarios, sin cargo político. Rajoy insistió en esta cuestión una y otra vez. Con este horizonte de provisionalidad sobre el papel que puedan jugar, como meros ejecutores de la competencia de orden público bajo las órdenes políticas del delegado del Gobierno, quedaba zanjado el conflicto.

Rajoy insistió en que la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (Lofage) no ofrece dudas. El ministro aseguró que su disposición adicional aclara que hay dos comunidades autónomas -Cataluña y País Vasco- con un hecho diferencial claro en materia policial. Serán las únicas con competencias en materia de orden público, en las que la figura sustitutoria del gobernador civil no jugará ningún papel de relieve en el futuro.

El ministro aprovechó la oportunidad para glosar la importancia de la reforma de la Administración periférica que contiene el desarrollo de la Lofage, una reforma que, según insistió Rajoy, se intentó en 1981, con la UCD, y en 1983, con el PSOE, y no se logró culminar. Puso el acento en el vacio de competencias del representante del Gobierno en la provincia, el subdelegado, en contraste con su antecesor, el gobernador civil, y en el peso político que adquirirá el representante del Gobierno en la comunidad autónoma, el delegado del Gobierno. El ministro afirmó que es la clave de la Lofage en su vertiente de adaptación de la Administración periférica al Estado de las autonomías.

El clima de paz entre el Gobierno y la Generalitat también se extendió al Palacio de la Moncloa. En la rueda de prensa del Consejo de Ministros, el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Rodríguez, aseguró que no afectaba a la estabilidad del Gobierno la posibilidad, anunciada por.Pujol, de adelantar las elecciones de Cataluña.

A juicio del portavoz del Gobierno, la situación política actual es diferente a la existente cuando en 1995 Jordi Pujol adelantó las elecciones y retiró su apoyo al Gobierno de Felipe González. Rodríguez apuntó que la situación política es estable y que los compromisos internacionales de España, especialmente el cumplimiento de los compromisos de Maastricht y la entrada de España en la Unión Monetaria Europea, en los que también está implicado Pujol, impiden plantear un escenario de ruptura.