PP aceptaría que una comisión conociese los 600 nombres de la presunta amnistía fiscal

La demanda del PSOE de conocer las identidades de los implicados en los 600 expedientes tributarios que supuestamente habría amnistiado por corresponder a "amiguetes" puede hacerse realidad en un giro inesperado del PP. Si el PSOE insiste "en bloquear" la comisión investigadora, hará que buscar una fórmula, "a la manera de la [aplicada en la] Sala Tercera del Tribunal Supremo [con los documentos del Cesid]", para conocer los nombres de quienes, según el Gobierno, han visto perdonadas sus deudas con Hacienda por 200.000 millones. Así lo anuncia el representante del PP, Jaime Ignacio del Burgo. "Si el Gobierno, dice que va a dar los nombres, a algunos les va a dar un infarto", prevé.

El hecho de que el PP no sólo ya no rechace de plano la posibilidad de que se conozcan los nombres del presunto caso, sino que asuma, según las palabras de Jaime Ignacio del Burgo, que quizá no haya más remedio que buscar "una fórmula" para que, los comisionados [tres parlamentarios del PP, tres del PSOE, dos de CiU, uno de IU-IC, uno del PNV (el presidente, Jon Zabalía) y otro del Grupo Mixto] tengan acceso a esa información supone un cambio político radical.La reacción de los populares tiene que ver con su malestar por la actitud "protestona" del PSOE. Los socialistas no la han dejado desde que el asunto salió a la luz pública. Sus dirigentes han proclamado de todas las maneras posibles que no van a soportar la acusación de que han favorecido a unos "amiguetes". En esa misma línea se manifestaron sus tres representantes en la comisión en su última reunión, el pasado día 22.

El lamento de Joaquín Leguina, María Teresa Fernández de la Vega y Diego Moreno, y su reiteración de que la única manera de defenderse de las acusaciones de "amiguismo" es que se conozcan los nombres, terminaron por irritar a los demás miembros de la comisión. Así, tanto los populares como Zabalía, del PNV, y Joan Saura, de IU-IC, les acusaron de intentar "bloquear" los trabajos y afirmaron que el objetivo "no era conocer los nombres".

Joaquín Leguina, con estupor, replicó: "Pero si se ha creado una comisión de investigación [de un caso en el] que ya somos culpables de antemano porque dicen que hemos favorecido a unos amiguetes, ¿de qué manera nos vamos a defender si, con toda la reserva que se quiera, no se conocen los nombres?". De inmediato, concluyó: "Esos 600 expedientes no existen".

Fórmula

En consecuencia, antes de que los socialistas extiendan su tesis de que "si no les dan los nombres es porque no hay tales amigos", el PP está dispuesto a buscar "una fórmula" con la que, preservando el derecho a la intimidad y el secreto de los expedientes, los comisionados puedan conocerlos."La comisión se reuniría en secreto, a la manera que lo ha hecho la Sala Tercera del Tribunal Supremo con los papeles del Cesid", explica Del Burgo. "Por supuesto, el compromiso de secreto será para siempre", añade el dirigente navarro, que no ve otra salida que ésta "si el PSOE insiste en bloquear los trabajos". Además, afirma, los socialistas caen en la "insidia" al decir que los expedientes no existen.

Lo importante para el PP, según Del Burgo, es que se conozca "la verdad". Claro que existen los expedientes, dice: "No son 600, sino 589, y el dinero que ha dejado de percibir Hacienda está en torno a los 180.000 millones".

De momento, ha llegado al Congreso un listado de 5.300 expedientes supuestamente prescritos. Aunque no hay nombres, es de imaginar que entre ellos; están los 600 que llamaron la atención del Gobierno, aunque ese extremo no se ha podido confirmar ya que las versiones que dan unos y otros comisionados son diferentes. El PP considera lógico que sí estén y el PSOE e IU discrepan de ello y piden al Ejecutivo que los remita.

El PP mantiene que hubo "negligencia", ya que hay "expedientes que prescribieron porque no se los movió en dos, tres y cuatro años".