Bono se suma a la ofensiva contra el proyecto del PP

El Gobierno socialista de Castilla-La Mancha, que preside José Bono, recurrirá ante el Tribunal Constitucional el sistema de financiación autonómica, según acordó ayer el Consejo de Gobierno, un día después de que las Cortes de Castilla-La Mancha también decidieran recurrir.Según explicó el propio Bono ayer por la noche ante los micrófonos de Onda Cero, el Ejecutivo que preside dudó en interponer el recurso porque temía las acusaciones del PP de que actuaban "a toque de cometa", arrastrados por las posiciones ya tomadas por otras comunidades socialistas. Sin embargo, el presidente castellano-manchego dejó claro que, en su opinión, -el asunto de la financiación autonómica "no es sólo un asunto económico". "Si fuera un asunto económico yo tendría la tentación de crear un partido regionalista castellano-manchego que obtuviese cinco diputados, como tiene el PNV, y con cinco diputados intentar presionar a ver si consigo dinero a cambio", dijo.

Por su parte, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page apuntó que el recurso no significa que se renuncie al diálogo con el Gobierno en busca de un acuerdo en la financiación de Castilla-La Mancha. "Un diálogo al que el Gobierno está obligado por ley", -dijo.

Dictamen

El Ejecutivo regional se ha basado en el dictamen emitido por el Consejo Consultivo, que recomendaba el recurso por considerar que el sistema propuesto por el Gobierno de Aznar vulnera el principio de solidaridad interterritorial, un dictamen que solicitó el Parlamento regional y que también sirvió de base jurídica para la decisión de la Cámara.Aunque el portavoz no supo puntualizar ayer en rueda de prensa qué artículos del modelo de financiación serán motivo de recurso, es previsible que se sigan los pasos de las Cortes. El pleno decidió el lunes, con los votos a favor del PSOE e IU y en contra del PP, recurrir varios artículos de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), de la Ley de Cesión de Tributos del Estado a las Comunidades Autónomas y Medidas Fiscales Complementarias (LCT) y de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

En ese debate que sirvió para que los distintos grupos políticos volvieran a reafirmar sus posturas, PSOE e IU coincidieron en señalar que el modelo de financiación propuesto es insolidario, rompe la unidad fiscal y favorece a las comunidades que más recursos tienen. Para los populares ese mismo modelo, además de ser constitucional, garantiza- los principios de igualdad y solidaridad y favorece una verdadera corresponsabilidad fiscal.

Tanto las Cortes como el Gobierno regional tienen de plazo hasta el sábado para presentar sus recursos en el registro del Tribunal Constitucional. Ayer todavía no se había fijado la fecha.