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El Supremo levanta el secreto de 13 de los 16 'papeles del Cesid' sobre la guerra sucia

Dos jueces de la Audiencia y otro de San Sebastián usaran los informes para investigar

Los 33 magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Supremo decidieron ayer, tras cuatro días de deliberaciones, desclasificar 13 de los 16 papeles del Cesid reclamados por tres jueces que investigan la guerra sucia contra ETA. El acuerdo se basa en que los papeles -sustraídos por el coronel Juan Alberto Perote cuando fue expulsado de los servicios secretos en 1991 y hallados en 1996 en su celda de la prisión militar de Alcalá de Henares no atentan contra la seguridad del Estado. Las tres notas que siguen siendo oficialmente secretas -aunque su contenido fue publicado en EL PAÍS y El Mundo- se refieren a las sugerencias de incorporar la Mafia a la lucha antiterrorista, comprar armas en Suráfrica y crear un grupo especial antiterrorista dependiente de Interior.

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El Gobierno desclasificará los 13 'papeles del Cesid' en el Consejo de Ministros del 4 de abril

El acuerdo del Supremo echa por tierra la decisión adoptada el pasado 2 de agosto por el Gobierno del PP, que se negó a entregar los documentos.Entre los textos que dejan de ser secretos por resultar relevantes en la investigación de presuntos delitos figuran el acta fundacional de los GAL, de julio de 1983, y la nota de despacho sobre el inicio de la guerra sucia en el sur de Francia, de septiembre de 1983, con la hoja de igual fecha que llevaba la siguiente anotación del entonces jefe del Cesid (Emilio Alonso Manglano): "Me lo quedo. Pte. para el viernes". Sobre el significado de "Pte." se suscitó la polémica de si quiere decir "Pendiente" (versión de Manglano) o "Presidente" (versión de Perote, que implicaría así a Felípe González).

Los papeles fueron pedidos por los jueces de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño, que instruye el caso Lasa-Zabala, presuntos etarras secuestrados y asesinados en 1983; Baltasar Garzón, que se ocupa del caso Oñederra, primer atentado mortal asumido por los GAL, en diciembre de 1983, y por el juez de San Sebastián Justo Rodríguez, que instruye el caso Lucía Urigoitia, muerta en un tiroteo con la Guardia Civil en 1987. Los tres podrán utilizar los papeles en las investigaciones sobre responsabilidades de altos cargos de Interior. La de cisión de no desclasificar tres papeles se basa en que no son relevantes para los sumarios abiertos.

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