Hacia un plan interno de estabilidad

EL CONSEJO de Ministros decidió ayer presentar recursos de inconstitucionalidad contra las subidas salariales de los funcionarios en el País Vasco y Asturias, un recurso contencioso contra el Gobierno foral navarro y 17 recursos contenciosos contra otros tantos ayuntamientos por la misma razón. Entiende el Gobierno que, una vez decidida la con relación salarial de los funcionarios como uno de los instrumentos decisivos de su política económica -en este caso, encaminada a la reducción del déficit del sector público-, las comunidades autónomas y los ayuntamientos deben secundarla.Ni que decir tiene que el argumento del Gobierno es correcto y debe ser apoyado. Otra cosa es el procedimiento que se utilizó para imponer esa congelación, que fue analizado y cuestionado en su día por la ausencia previa de negociación. Pero hoy no es de recibo que, debiendo soportar el país en su conjunto un esfuerzo de recorte del gasto público -que implica congelaciones drásticas del sueldo para los funcionarios de la Administración central-, los funcionarios al servicio de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos puedan elevar sus sueldos. Por este procedimiento se está creando un agravio comparativo, y éste es en sí mismo ya un argumento suficiente como para rechazar de plano el ajuste selectivo de los sueldos. No puede sostenerse durante mucho tiempo una distribución salarial en la que la fijación de los salarios públicos sea discreción de cada autonomía o cada ayuntamiento.

De hecho, las diferencias actuales entre los salarios de la Administración central y los de las Administraciones autónomas ya se prestan a numerosos agravios y situaciones potencialmente conflictivas. Tal es el caso de los médicos de la sanidad pública de Cataluña y de la Comunidad Valenciana, cuyos salarios son más elevados que los correspondientes a la Administración central. Como regla general, según los expertos consultados, se aprecia que los salarios autonómicos tienden a ser superiores, en términos generales, a los salarios del Estado central. Estas diferencias son un caldo de cultivo para conflictos potenciales y generan hostilidad hacia los sistemas de financiación más descentralizados o que implican mayor corresponsabilidad impositiva.

En todo caso, el Gobierno central debería plantear con cierta urgencia un plan de estabilidad interna que permita comprometer a las comunidades autónomas en el cumplimiento de los objetivos de convergencia. En este caso, tampoco es necesario inventar nada. La analogía con él Gobierno federal alemán para involucrar a sus länder y municipios en la corrección de las finanzas públicas, repartiendo las sanciones que resulten del incumplimiento de Maastricht entre el Gobierno y los Estados, puede ser perfectamente admisible, aunque existan diferencias analíticas. Desafortunadamente, en el momento actual, el grado de compromiso de algunas autonomías y municipios españoles con la estabilidad presupuestaria no rebasa las declaraciones verbales de adhesión, y una aquiescencia con las grandes declaraciones de principios de efectos prácticos dudosos. La situación real hoy es de una desconexión preocupante entre los intereses de la política económica del Estado y las exigencias de algunas Administraciones periféricas, más volcadas hacia la reivindicación política, que, ineludiblemente, lleva a un crecimiento del gasto. Difícilmente se puede implicar a las autonomías o a los ayuntamientos en los objetivos de inflación, control de deuda o de déficit público cuando la simple información estadística sobre estas magnitudes ni está unificada ni se transmite al Gobierno; y cuando se consigue trasladar es con numerosos retrasos o errores. Tarde o temprano, el Gobierno tendrá que afrontar el problema de la implicación autonómica y municipal en Maastricht; y cuanto más tarde en hacerlo, más difícil será alcanzar una vertebración satisfactoria.