La construcción, la minería...

Tras el caso de la construcción de Burgos y el de la minería de León, el de la Diputación de Zamora es el tercero del periodo de José María Aznar en Castilla y León que llega a los tribunales. Los dos anteriores se saldaron con sendas sentencias condenatorias del Tribunal Supremo: en la primera, el constructor Antonio Miguel Méndez Pozo fue condenado a siete años de prisión y el alcalde de Burgos, José María Peña, a 12 años de inhabilitación y seis de suspensión de cargo público.En el juicio quedó acreditada la intensa relación entre Aznar y Méndez y cómo éste -que ni era cargo público ni militaba en AP/PP- convocaba reuniones discretas a las que acudían Aznar y Peña. Durante la instrucción, la acusación (la Federación de Empresarios de la Construcción de Burgos) pidió que se practicaran pruebas para determinar si parte de los beneficios irregulares generados por la trama inmobiliaria Méndez-Peña (1.600 millones, según el Colegio de Arquitectos de Burgos) acabaron financiando al partido de Peña, Solución Independiente (SI), y a través de éste al propio Aznar, que se apoyaba en SI para apuntalar su endeble mayoría en las Cortes regionales. El juez instructor no autorizó tales pruebas.

El caso de la minería le tocó aún más cerca al Gobierno de Castilla y León. Miguel Pérez Villar, consejero de Economía de la Junta con Aznar de presidente, fue condenado a ocho años de inhabilitación por prevaricación por las subvenciones públicas que concedía a empresas mineras leonesas. Tampoco en este caso se estableció en los tribunales una relación entre las subvenciones irregulares y la financiación de AP/PP.

Cuando el Supremo dictó las sentencias (la de la construcción, en enero de 1994; la de la minería, meses después), había en los juzgados tantas causas contra relevantes socialistas que ni una ni otra supusieron al entonces líder de la oposición gran desgaste ante la opinión pública.