Narbona califica de "extremadamente desfavorable" la nueva ley de aguas

La reforma que propone Isabel Tocino de la Ley de Aguas (1985) es "extremadamente desfavorable" en opinión del PSOE, quien hará todo lo posible para "movilizar a la sociedad para evitarlo", según la portavoz de temas medioambientales, Cristina Narbona.La ex Secretaria de Estado de Medio Ambiente cree que el Gobierno pretende una privatización del agua por dos vías diferentes. Renuncia a que el Estado invierta en obras hidráulicas y disminuye su papel de reequilibrador y distribuidor de este recurso al depositar en la iniciativa privada la gestión de las desaladoras, las aguas subterráneas y el mercado del agua. "Convierte la construcción de los embalses y las depuradoras en instrumentos de peaje, como si fueran autopistas", afirmó.

En su opinión esta política es un canto a la iniciativa privada y contradice el programa del PP quien siempre defendió el agua como un recurso público. Al dejar las desaladoras fuera de la gestión pública, España perderá el disfrute de fondos de cohesión (hasta el 80% de su coste) para atender los abastecimiento

de poblaciones del litoral sur y sureste, como Alicante, Cartagena o Almería. Si la gestión de las aguas subterráneas se deposita sólo en sus usuarios, se agravarán acuíferos como el 23 (La Mancha), afectados de sobreexplotación, según Narbona. Las organizaciones agrarias han sido convocadas por Medio Ambiente el próximo día 19 para explicarles el alcance de esta reforma -aún no cerrada-, cuyos puntos claves ya conocen los regantes, como es la implantación de contadores y la aplicación de un canon de uso.

Miguel Asán, secretario de Asaja-Sevilla, no rechaza los contadores -"siempre que nos den agua cuando la necesitemos"- pero no participa de la filosofía sobre las obras de interés general. "Dado el carácter errático de las lluvias en Andalucía [no llueve desde el 20 de enero] la necesidad de embalses como Breña II, Melonares, Úbeda la Vieja o la esclusa del Guadalquivir no afecta sólo a los agricultores sino a la sociedad en general".

Fernando Moraleda, de la Unión de Pequeños Agricultores cree ha expresado su "enorme preocupación" por la privatización de un recurso del que dependen cientos de miles de familias, que "puede acarrear una reconversión del sector agrario. El mercado del agua y la repercusión de un canon en las explotaciones pequeñas expulsaría a miles de agricultores y se establecería la figura del aguateniente.Las explotaciones más modestas no podríamos competir".

Moraleda hará llegar hoy mismo una carta a la ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, en la que solicitan una reunión inmediata para clarificar la repercusión de la reforma de la ley de aguas.