Batalla desde la silla de ruedas

Una minusválida de 42 años ha interpuesto un recurso de amparo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias para exigir la aplicación por la comunidad autónoma asturiana en la Ley de Supresión de Barreras Arquitectónicas para Minusválidos, aprobada por el Parlamento regional en 1995 y que, a juicio de la demandante, no está siendo respetada en la realización de obras públicas y en la construcción y reforma de edificios oficiales.En su recurso, Isabel García Menéndez, que actúa en nombre propio y en representación del partido nacionalista Andecha Astur, del que es militante, alega asimismo que casi dos años después de la publicación de dicha ley en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, (BOPA), el 19 de abril de 1995, no ha sido aprobado aún el desarrollo reglamentario de la misma.

Isabel García Menéndez, que camina ayudándose de muletas a causa de una poliomielitis que sufrió a los 11 meses de edad, sostiene qué los impedidos e incapacitados físicos no están siendo amparados en sus derechos básicos pesé a la existencia de numerosas normas y directivas de rango nacional e internacional, y ni tan siquiera desde que en 1995 la comunidad autónoma asturiana aprobara su propia normativa sobre la supresión de barreras arquitectónicas.

"En nuestro desenvolvimiento diario encontramos numerosas dificultades, que también padecen otras personas sin impedimentos físicos, como ancianos o madres con niños de corta edad. Siguen faltando rampas para acceder a los edificios públicos; los transportes aun no han sido adaptados para viajeros con dificultades, y cada vez que se reurbanizan las ciudades, lejos de avanzar, se retrocede: las aceras nuevas son cada vez más resbaladizas y la peatonalización de los cascos urbanos supone un mayor impedimento para quienes nos vemos obligados a desplazarnos en vehículos privados porque no se preven plazas de aparcamiento para minusválidos. Tengo la sensación de que, a medida que las ciudades se reurbanizan, se me expulsa de ellas".

"Lo que queremos", agrega Isabel, nacida hace 42 años en Mieres y domiciliada en Gijón, "es que las ciudades sean más cómodas pata las personas, impedidas o no, y que se cumpla la ley". La demandante alega que tras la aprobación de la norma autonómica, numerosos edificios y obras públicas se han acometido en Asturias ignorando los derechos de los minusválidos. "No se planifica bien y eso lo padecemos cada vez que nos tenemos que desplazar", agrega.

Su abogado, Amable Concha, explica que la ley asturiana es "muy defectuosa y no es más que una declaración de buenas intenciones. Su articulado remite constantemente a un desarrollo reglamentario posterior que, al cabo de dos años, sigue sin ser abordado".

"En nuestra opinión", añade "el Principado de Asturias está vulnerando el artículo 14 de la Constitución, que consagra la igualdad de todos los españoles sin que quepa discriminación por condición o circunstancia personal o social alguna".