México afirma que la presión de EE UU hace peligrar la cooperación antidrogas
México ha decidido pasar al contraataque en la guerra declarada por el Congreso estadounidense, que se ha empeñado en retirar a su vecino la certificación de buena conducta en la lucha contra el narcotráfico otorgada hace una semana por el presidente Bill Clinton. El secretario [ministro] de Relaciones Exteriores, José Ángel Gurría, aseguró ayer que si Estados Unidos revoca su aprobado (lo que conllevaría, en teoría, sanciones económicas) y emite resoluciones que "lastimen la dignidad" del país, México se replanteará su colaboración bilateral en el combate a las drogas.
En esas circunstancias, dijo Gurría, "el Gobierno no podría pensar en la cooperación en esta materia en los terrenos en los que está actualmente". Hasta ahora, las autoridades mexicanas habían restado importancia al proceso iniciado por el Congreso estadounidense para retirar la certificación a México, ya que se trataba, dijeron, de una manifestación más de los enfrentamientos entre el Legislativo y el Ejecutivo norteamericanos.Sin embargo, las dimensiones que ha cobrado este debate en EE UU y las desafortunadas declaraciones a que ha dado lugar han puesto a la sociedad mexicana en pie de guerra y ha colocado en una difícil posición al Gobierno de Ernesto Zedillo, que por lo demás mantiene excelentes relaciones con Washington.
Los mexicanos han sentido que pasaban de ""vecinos a microbios" después de que la secretaria de Estado, Madeleine Albright, asegurase en el Congreso que su Gobierno vigilaba a México con "microscopio". Albright sólo pretendía tranquilizar a los legisladores y defender la certificación emitida por Clinton, pero sus palabras levantaron ronchas al otro lado de la frontera. Lo mismo sucedió con las declaraciones de un senador demócrata, que defendió la descertificación de México con el argumento de que desencadenaría una grave crisis interna en este país y ayudaría a la caída del régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Más agentes de la DEA
El temor más extendido es que con toda esta polémica el Gobierno estadounidense logre arrancar del mexicano una serie de concesiones que, al menos formalmente, no habían sido aceptadas, y que se refieren básicamente a un incremento de la presencia de la agencia antinarcóticos estadounidense (DEA) y a la extradición de narcotraficante s mexicanos.Así las cosas, y a pesar de estar en un año electoral, los partidos políticos mexicanos han aparcado momentáneamente sus diferencias irreconciliables y se han unido, como un solo hombre en defensa de "la soberanía y la dignidad" de su país. Varios senadores han sugerido la promulgación de una ley recíproca de certificación que evalúe los esfuerzos antidrogas de EE UU, que es, recuerdan, el mayor consumidor de narcóticos del mundo.
[Por otro lado, el ministro de Exteriores de Venezuela, Miguel Ángel Burelli, afirmó ayer que los países latinoamericanos tienen que "inventar la contracertificación" de la política antidrogas de EE UU para responder al informe anual que elabora Washington, informa Efe.]
