Ruiz-Gallardón está dispuesto a retirar de su reforma del estatuto las referencias a la cesión del 30% del IRPF

La amenaza surtió efecto. Llegaron los socialistas al feudo del Gobierno regional para negociar la reforma del estatuto y plantearon que el texto era "innegociable" si se mantenía la referencia al nuevo modelo de financiación autonómica, que cede el 30% del IRPF a las comunidades. Lissavetzky amenazó, y el presidente, Alberto Ruiz Gallardón, buscó la paz aclarando que el PP no consideraba crucial ese aspecto del borrador de reforma del estatuto, que incluye la ampliación del techo competencial de la Comunidad para que los servicios sanitarios, aeroportuarios y laborales pasen a depender de la Administración regional.Lissavetzky argumentó que "resultaba innecesario" incluir el apartado de la financiación autonómica. "Nadie contó con nosotros para negociar ese aspecto. Además, en el estatuto de Castilla La Mancha, similar al madrileño, no viene nada de la financiación. Si el PP hubiera insistido en mantener este texto, el acuerdo hubiera sido muy difícil". La izquierda regional (IU y PSOE) coincide en su rechazo al nuevo modelo de financiación autonómica, aceptado por todas las comunidades excepto las tres gobernadas por los socialistas.

Ruiz-Gallardón renunció a imponer el apartado de la financiación para salvar el segundo gran obstáculo que se ha encontrado para reformar el estatuto. El primer escollo lo puso IU al negarse a asumir una modificación del sistema electoral de la Comunidad para crear diez circunscripciones con diez listas distintas (ahora Madrid es circunscripción única). Ángel Pérez, coordinador regional de IU, planteó que la modificación electoral sólo beneficiaría a las fuerzas políticas mayoritarias. El PP aceptó retirar este punto. Sobre el resto de los aspectos de la reforma, los grupos parlamentarios acordaron seguir trabajando en el seno de una ponencia que se constituirá de urgencia en la Asamblea de Madrid.

Manuel Cobo, portavoz del PP, insistió ayer en la necesidad de un acuerdo. La reforma del estatuto de autonomía sólo puede aprobarse con el apoyo de dos tercios de la Cámara (68 diputados), por lo que el PP (54 escaños) necesita el voto de alguno de los grupos de la oposición.