Polanco y Cebrián recurren la prohibición de salir de España sin permiso de Liaño

Jesús de Polanco, presidente de Sogecable; Juan Luis Cebrián, consejero delegado, y José María Aranaz, secretario general del Consejo de Administración, recurrieron ayer la decisión del juez Javier Gómez de Liaño, de prohibirles salir de España sin su permiso. A su entender, esa resolución vulnera la Constitución y no existe ley alguna que, permita al juez impedir a una persona salir de España bajo el argumento de que debe estar permanentemente a su disposición por si necesita pedirle datos. El recurso agrega que la medida es injustificada porque los hechos de la querella no constituyen delito alguno.

Sogecable ha recurrido también la decisión de declarar secretas las actuaciones y la entrega de la lista de los abonados de Canal +. La sociedad ha acatado la decisión del juez y ha depositado ya en el juzgado el listado reclamado. No obstante, considera que ese requerimiento es inconstitucional, pues afecta al derecho a la intimidad de terceros, en concreto al de casi 1.400.000 personas.Para Sogecable, los datos de los abonados no tienen ninguna utilidad en la investigación de los hechos denunciados. Al mismo tiempo, obligarle a proporcionar información sobre sus clientes le está provocando un evidente perjuicio en sus relaciones comerciales.

- El magistrado, que el viernes pasado exigió la comparecencia personal, entre otros, del presidente de Sogecable, Jesús de Polanco, y del consejero -delegado, Juan Luis Cebrián, para notificarles la querella presentada contra ellos, continuó ayer el mismo trámite con varios consejeros más. Al llamamiento comparecieron los que estaban en Madrid, concretamente Gregorio Marañón, Vicente Eulate, Juan Arenas, Antonio López y Ramón Mendoza.

El juez se reunió también con el autor de la querella, el abogado y profesor Francisco Javier Sainz [quien fue condenado en 1987 por llevarse secretos del despacho del abogado Matías Cortés, para el que trabajaba]. Tras el encuentro con el juez, Sainz declaró a la agencia Efe que él está dispuesto a pedir el ingreso en prisión de los querellados. Hasta ahora ha solicitado el interrogatorio de todos ellos, así como de los periodistas Jesús Cacho y Miguel Platón, cuyos artículos en El Mundo y Epoca han sido adjuntados a la querella como documentos.

Sainz ha pedido también que el juez cite a Jaime Campmany, director de Época y autor de la primera denuncia que recibió Gómez de Liaño contra Sogecable por no haber mantenido inmovilizados 23.000 millones de pesetas depositados como fianzas por los descodificadores. El auditor José Antonio Rodríguez Gil, incluido también en la querella, asegura que Canal + sólo incumpliría la ley si los usuarios que se dieran de baja no pudieran recuperar el dinero que entregaron como fianza.

Al explicar sus intenciones futuras, el querellante, Javier Sainz, precisó que se centrará "especialmente" en el consejero delegado de Sogecable, Juan Luis Cebrián, y en el secretario general, José María Aranaz. Sainz indicó además a la agencia Servimedia que él actúa "por libre" y es falso que lo haga por indicación de José María Ruiz Mateos o que forme parte de una "trama" contra el Grupo PRISA -accionista de Sogecable-, apoyada por el Gobierno e impulsada por varios medios de comunicación y empresarios.

El énfasis de Sainz por desmentir la implicación del Gobierno coincide con el del vicepresidente del Ejecutivo, Francisco Alvarez Cascos, quien aseguró en Oviedo que las decisiones del juez no tienen nada que ver con las actuaciones del Gobierno para regular la televisión digital, "a pesar de que puedan coincidir en el tiempo".

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