Redimir al cautivo

La Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco aceptó el pasado jueves -con los votos en contra del PP, el PSOE y Unidad Alavesa (UA)- la invitación girada desde Alcalá-Meco por Juan Lasa Mitxelena (alias Txikierdi) como portavoz del colectivo de reclusos de ETA para discutir con una delegación de diputados autonómicos el plan de traslado de 826 presos vascos (entre los que figuran los condenados o detenidos por actividades terroristas) a 14 cárceles situadas en un radio de 300 kilómetros de Euskadi. Numerosos y gravísimos son los reproches que cabe ha cer a los nacionalistas violentos por la crueldad y la inhumanidad de sus asesinatos y atentados criminales; por des gracia, también hay que reconocerles una singular habilidad para situar a las fuerzas democráticas ante dilemas planteados de forma tan maliciosa que resulta difícil determinar cuál de los términos dados a escoger es el peor.Si el Gobierno negase a esa delegación formada por cuatro diputados autonómicos la autorización para entre vistarse con Txikierdi (detenido en Francia en 1985, extraditado luego a España, acusado de seis asesinatos y conde nado a más de 200 años) sería severamente criticado por menospreciar a los representantes del Parlamento vasco y cerrar las puertas a la liberación del funcionario de prisiones Ortega Lara y del empresario Delclaux, secuestrados por ETA; si permitiese la visita, sería censurado no menos duramente por la cesión ante un chantaje que ni siquiera garantizaría la liberación de los dos rehenes y que abriría eI camino a nuevas extorsiones. La presencia de los parlamentarios vascos en Alcalá-Meco podría ser su objetivo humanitario fuese verificar denuncias sobre malos tratos sufridos por los reclusos; sin embargo, esa delegación carece de competencias para asignar destinos carcelarios a los presos y menos aún para emprender una negociación política con ETA: Txikierdi no aspira a servir de portavoz a sus compañeros para exigir que el Estado de Derecho aplique correctamente la legislación penitenciaria, sino a constituirse en el representante de la banda terrorista para tratar en pie de igualdad con el Estado de Derecho.

El alejamiento de los presos de ETA del País Vasco no se propone endurecer su suerte, sino sólo hacer compatible la política de dispersión de los reclusos (orientada a que los internos dispuestos a reinsertarse puedan hacerlo sin sentirse coaccionados por sus compañeros) con la insuficiencia de plazas en las cárceles de Euskadi. Contra lo que afirman los nacionalistas radicales, ni la Constitución ni la Ley Penitenciaria conceden a los presos el derecho a ser destinados a establecimientos próximos a su domicilio familiar; es cierto, en cambio, que el catecismo del padre Ripalda incluye dentro de las obras de misericordia la redención de los cautivos. Cualquier persona que haya conocido alguna vez la cárcel difícilmente dejará de sentir compasión por los reclusos y por sus familiares, obligados a largos desplazamientos para visitarles; ese sentimiento de piedad también se extiende, empero, a las víctimas de los terroristas, a sus deudos y a las personas que pudieran ser blancos mortíferos en el futuro de los atentados de quienes abandonan la prisión para retomar de nuevo las armas.

La decisión de aceptar la invitación de Txikierdi fue adoptada por mayoría de la Comisión de Derechos Humanos (PNV, HB, EA e IU reúnen 47 escaños del Parlamento vasco frente a los 28 diputados del PSOE, PP y UA) un día antes de la convocatoria de la Mesa de Ajuria Enea. Pese a la aprobación por consenso de un documento preparado por el lehendakari Ardanza, el pacto no ha podido iniciar peor esa segunda navegación discreta y eficaz preconizada por el PNV: la unidad de todas las fuerzas democráticas para combatir al terrorismo fue torpedeada la víspera de la reunión en su misma línea de flotación por la vergonzosa alianza con HB (el brazo electoral de ETA) del PNV, EA e IU frente a la oposición del PSOE, PP y UA.