Exclusivas

Para crear una imagen de imparcialidad, el Gobierno pretende compensar sus arbitrariedades equilibrando medidas intervencionistas, como la ley del fútbol, que pretende recortar los derechos exclusivos de codificación, con medidas liberalizadoras que privatizan bienes públicos, como el agua o el suelo. Todo ello confusamente mezclado en un batiburrillo populista que finge defender el interés general mientras mangonea a diestro y siniestro. No insistiré más en el evidente favoritismo (o animadversión) de unas medidas que tienen nombres y apellidos, pero sí quiero señalar las flagrantes contradicciones en que incurre el Gobierno, que parece ignorar supinamente la más elemental distinción entre derechos privados y bienes públicos.- algo que resulta esperable de personajes como Aznar o Cascos, pero que se hace incomprensible, en el caso de Rato, dada su condición de vicepresidente económico, lo que debiera obligarle a mantener un mínimo de información, coherencia técnica y rigor metodológico.El historiador y premio Nobel de Economía Douglas North ha demostrado que la revolución capitalista sólo surgió como consecuencia de una innovación institucional: la propiedad privada, que disolvía la titularidad común de los bienes instaurando derechos en exclusiva. Históricamente, eso se produjo por primera vez en la Inglaterra del Renacimiento mediante los cercamientos o enclosures, que, al vallar la tierra, antes feudal o comunal, la privatizaban permitiendo que su propietario privado se apropiase de sus frutos en exclusiva. Y allí es precisamente donde Barrington Moore vio los orígenes sociales de la democracia, en versión anglosajona o liberal.

Pero North fue más allá demostrando que los derechos exclusivos de propiedad eran la condición necesaria y suficiente para que se produjese la inversión productiva, que es el motor autosostenido del desarrollo capitalista. En condiciones de propiedad comunitaria no hay incentivos para invertir, pues las externalidades impiden rentabilizar la inversión, comprometida. Pero, si están garantizados los derechos en exclusiva, ya resulta rentable invertir (trabajo, capital y tecnología), en la confianza de que se multiplicarán las inversiones realizadas. Por eso, las enclosures agrícolas supusieron el big bang de la revolución industrial, pues no hay posibilidad de negocio capitalista, ni, por tanto, inversión privada, sin derechos exclusivos de propiedad.

Por supuesto, no todo es privatizable. Existen bienes o servicios necesarios que, por su propia naturaleza universal e indivisible, generan externalidades, por lo que no admiten exclusividad ni pueden rentabilizarse: son los bienes públicos, como la Administración de Justicia o los derechos sociales (sanidad, educación, pensiones ... ). Aquí es donde interviene el principio de la subsidiariedad: debe ser el Estado, a fondo perdido (es decir, con cargo a todos los contribuyentes) quien costee y financie esos bienes públicos que ningún agente privado podría rentabilizar en exclusiva. Pero todos los demás bienes deben ser preferentemente financiados por la inversión privada mediante derechos exclusivos, que son los únicos que garantizan rentabilidades futuras. ¿Por qué?, se preguntaría un estatalizador como Anguita. Pues porque la inversión pública carece de poder multiplicador al tener que repartir universalmente los saldos excedentes.

La moraleja que planteo es doble. Por una parte, hay un corolario irrelevante: el fútbol es un negocio privado que sólo puede financiarse mediante derechos en exclusiva (es decir, con cercamientos, enclosures o codificadores); de ahí, que la plataforma digital del Gobierno esté predestinada a arruinarse y nadie quiera invertir un duro (o peso mexicano) en ella. Pero, por otra parte, se deduce algo muchísimo más grave: a juzgar por cómo trata a los empresarios schumpeterianos del tipo de Asensio o Polanco, este Gobierno no tiene ni idea de cómo incentivar la inversión privada. Y eso, con el nivel de desempleo que padecemos en España, resulta suicida.