Los secretos del 'informe Jáudenes'

Han tenido que pasar 16 años para que se conozca su existencia. Durante todo este tiempo, ha estado sepultado en los archivos del Cesid y allí hubiera permanecido indefinidamente si una serie de circunstancias no se hubieran conjurado para sacarlo a la luz, precisamente ahora.Se trata del informe Jáudenes, el documento secreto sobre la presunta implicación del Cesid en el 23-F. Debe el nombre a su autor, el entonces teniente coronel Juan Jáudenes Jordana, jefe de la División Interior del centro de espionaje, ya fallecido,

Sus conclusiones reflejan el resultado de la investigación interna que se realizó en abril de 1981, para aclarar la participación de agentes de la AOME (Agrupación Operativa de Misiones Especiales), la unidad de acción del servicio secreto, en los preparativos y ejecución del frustrado golpe de Estado.

Aunque resulte sorprendente, el documento está clasificado todavía como secreto, lo que permite que su contenido sea objeto de todo tipo de especulaciones. De "bomba política con efectos retrospectivos" (sic) lo calificaba, por ejemplo, el pasado día 15, el comentarista Lorenzo Contreras en su columna de Abc.

El informe Jáudenes fue entregado, por orden del entonces ministro de Defensa, Alberto Oliart, al general José María García Escudero, instructor de la causa abierta en la jurisdicción militar por el 23-F. Sin embargo, García Escudero no pudo incorporarlo al sumario, dado su carácter secreto, y optó por comprobar los datos contenidos en el mismo mediante el interrogatorio de los afectados.

Incluido en dos sumarios

Paradójicamente, el informe Jáudenes, que desde el punto de vista judicial nunca existió, está incluido hoy en dos sumarios: el del caso Oñederra, que instruye el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, y el del caso Perote, que investiga el juez togado militar Jesús Palomino.Garzón se incautó de una copia, el 8 de febrero de 1996, en la celda que el coronel Juan Alberto Perote, jefe de la AOME entre. 1983 y 1991, ocupa en la prisión militar de Alcalá de Henares (Madrid). Palomino se llevó otro ejemplar el pasado 27 de junio cuando, siguiendo los pasos de Garzón, registró la misma celda.

Pero no son estos dos jueces los únicos que tienen en su poder el documento. El ministro de Defensa, Eduardo Serra, guarda una tercera copia en la mesa de su despacho. Se la entregó, hace pocos días, el máximo responsable del Cesid, Javier Calderón, que en febrero de 1981 era secretario general y teórico número dos del servicio secreto.

La decisión de exhumar el informe es consecuencia de las declaraciones del coronel Diego Camacho, uno de los 28 agentes separados del Cesid en octubre pasado, al que no se consideró "idóneo" para su integración definitiva, en aplicación del Estatuto del Personal del centro.

En declaraciones a varios medios de comunicación, Camacho ha atribuido su despido a una represalia de Calderón, quien en 1981 habría obstaculizado la investigación que el coronel y otro suboficial expulsado, el sargento Juan, Rando Parra, impulsaban para desarticular la supuesta trama golpista en el Cesid.

El pasado 1 de febrero, Eduardo Serra abrió expediente disciplinario por falta grave a Camacho, al tiempo que requería a Calderón para que le entregase, "a la mayor brevedad,posible", un "exhaustivo informe" sobre los hechos mencionados en sus declaraciones; es decir ' sobre el papel del Cesid en el 23-17

El origen del informe Jáudenes se remonta a la misma tarde del 23 de febrero de 1981, pocas horas después de que Tejero, secuestrase el Congreso de los Diputados. El cabo primero dé la Guardia Civil Rafael Monge, jefe de la Sección Especial de Agentes (SEA), acude al Cesid y comenta, visiblemente excitado, que ha participado en el asalto, guiando a una de las columnas. Le escucha, entre otros el capitán Rafael Rubio.

La SEA era un grupo de élite formado por especialistas al que se encargaban las misiones más delicadas del servicio secreto. Dependía directamente del jefe de la Plana Mayor de la AOME, el entonces capitán Francisco García Almenta, brazo derecho del jefe de la Agrupación, el comandante José Luis Cortina.

Tras el asalto al Congreso, Cortina ordena suspender todos los servicios y monta un dispositivo de vigilancia en torno a las Cortes. Monge se acerca a la zona con Rando Parra, a quien cuenta, según la versión del segundo, que ha participado en el golpe por orden de García Almenta y que éste le había anunciado lo que se preparaba con una semana de antelación.

Parra traslada estos comentarios al entonces capitán Camacho, también destinado en la AOME, con quien mantiene una relación de confianza, ya que había sido superior suyo en las Compañías de Operaciones Especiales antes de que ambos ingresasen en el Cesid. El día 24, Camacho se entrevista con Calderón, al que informa de lo que cuenta Parra y éste manda a Cortina que averigüe lo sucedido.Durante el mes de marzo, la tensión en el seno de la Agrupación es creciente. Según Parra, Monge y García Almenta le amenazan para que dé marcha atrás en sus imputaciones, pronunciando frases como: "Se le puede volar el coche a algún hijo de puta un día de estos". Camacho habla de nuevo con Calderón y, finalmente, el 31 de marzo, el entonces director del Cesid, el coronel Narciso Carreras, ordena la apertura de una investigación interna, de carácter no judicial, sobre la supuesta participación de agentes de la AOME en el 23-F.

En la primera semana de abril, el teniente coronel Jáudenes, nombrado instructor, toma declaración, a veces en una cafetería, a los principales miembros de la Agrupación. El documento reconoce la existencia de múltiples contradicciones y advierte que el clima de división, agudizado a raíz del 23F, resta objetividad a los testimonios. Alude también a celos profesionales, como los que habría entre Monge y Parra, acusado y acusador respectivamente, ya que el primero era jefe del segundo, pese a tener menor graduación. Con todo, realiza un relato pormenorizado de la conducta de cada uno de los mencionados durante los días 23 y 24 de febrero, sin omitir ningún detalle, aunque sea circunstancial, ni tampoco valorarlo, la mayor parte de las veces.

Recoge, por ejemplo, un supuesto comentario de García Almenta, quien habría dicho el 20 de febrero que se estaba preparando "algo importante" o la visita que, ya en la madrugada del día 24, hicieron los capitanes Camacho y Armada Sarriá al Congreso, todavía en poder de Tejero. También toma nota de: una presunta entrevista, igualmente el día 24, entre Cortina, Almenta y Gómez Iglesias, en el despacho del primero, cuya existencia sostiene Camacho y niegan los participantes.

Pero el informe se centra sobre todo en las conductas de Monge y del capitán de la Guardia Civil Vicente Gómez Iglesias, jefe de grupo de la AOME. Este último se encontraba en esas fechas fuera del Cesid, realizando un curso de tráfico en el Parque de Automovilísmo de la Guardia Civil en Valdemoro (Madrid).

A primera hora de la tarde del 23-F, a pesar de que sufría un cólico nefrítico, Gómez Iglesias acudió a la Academia de Tráfico, donde Tejero intentaba convencer al coronel Miguel Manchado de q e le facilitase guardias para asaltar el Congreso. Tejero, que había sido superior de Gómez Iglesias en San Sebastián, lo presentó a Manchado como capitán del Cesid, sugiriendo que tenía el apoyo del servicio secreto.

'Operación Mister'

El autobús que partió de Valdemoro fue el mismo que se encontró en el Paseo de las Delicias con el Seat 124 de Monge, quien presuntamente lo guió hasta el Congreso. Ese 124 era uno de los tres vehículos que había solicitado García Alimenta para utilizarlos en la Operación Mister, destinada supuestamente a desbaratar el sistema de vigilancia al que estaría siendo sometido el Rey por parte de la CIA.Para evitar ser detectados, García Almenta pidió que los vehículos llevaran equipos de comunicación de la escuela del centro, diferentes a los utilizados habitualmente por el Cesid. Según esta versión., el encuentro entre Monge y el autobús que se dirigía al Congreso se habría producido casualmente, cuando el primero llegó a la Plaza de la Beata, María Ana de Jesús siguiendo a su objetivo. El día 24, Monge ordenó que se destruyeran las matriculas falsas utilizadas por el 124, alegando que había sido visto mientras las cambiaba.

El juez García Escudero, que recibió el informe Jáudenes en la primavera de 198 1, citó a declarar a sus principales protagonistas: Cortina, García Almenta, Rafael Rubio, Rafael Monge y Rando Parra, entre otros. No llamó, sin embargo, al coronel Camacho, ya que su conocimiento de los hechos se limitaba a lo escuchado a terceros. El principal resultado de la investigación fue la condena de Gómez Iglesias, quien fue castigado a tres años de cárcel en el juicio de Campamento y a seis, en la sentencia definitiva del Tribunal Supremo.