El PSOE recurrirá al Constitucional contra el decreto de televisión digital
Felipe González anunció en Sevilla que recurrirá al Tribunal Constitucional contra el decreto ley sobre televisión digital y el proyecto de ley que regula las retransmisiones deportivas porque, en su opinión, "constituyen un claro abuso de poder". Advirtió, además, que combatirá "cualquier tic autoritario", y lamentó que el Gobierno conciba el fútbol como "el problema de España".El líder del PSOE se refirió al derecho de poder ver el partido de fútbol que cada uno quiera, mediante pago, como ocurre en Europa, y parodió los argumentos del Gobierno: "Nunca me imaginé que me iba a preocupar por el fútbol como servicio esencial y prioridad nacional; ¿la sanidad? ¿la educación?, ¡eso interesa nada más que a unos cuantos chalados!. Pero el fútbol afecta a derechos fundamentales".
En el mismo tono burlón se refirió a los términos en los que el vicepresidente primero, Francisco Álvarez Cascos, apoyó el viernes, en Huesca, la futura ley del fútbol: "Dijo que el Gobierno defendería los intereses generales de todos: los de los aficionados, los clubes, de todos, y añadió 'caiga quien caiga. Pero, si defiende a todos, quién es ese 'caiga quien caiga'? Está claro, Felipe González". Según él, el PP ha entrado en una dinámica populista y demagógica: "Si se dice que se retransmiten tres partidos, ellos dicen 33; si se dice que 33, pues 66, y así todo el día echando fútbol y las mujeres dando bastonazos a los tíos que no se mueven del televisor".González se preguntó por qué no se es prioritario pagar los libros de texto o medicamentos a familias sin recursos y aseguró que en España se ve más fútbol abierto que en toda Europa. Añadió que él, mientras dirigió el Gobierno, no recibió a los presidentes de los clubes, pero que el Ejecutivo actual lleva semanas hablando con ellos, uno por uno: "Y aquí no hay mayor problema, hay un negocio fracasado".
Sobre la televisión digital, dijo que no le preocupa quién monta el "tinglado" ["yo no tengo acciones"] o si hay acuerdo de las partes interesadas. "Mi problema", dijo, "es que el Gobierno usa un decreto para un tema que ni es de urgencia ni de extrema necesidad", pero con el que "puede hacer daño y violentar derechos personales, entre otros el mío".
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