López-Amor utilizó su cargo de inspector para saber la situación fiscal de un tránsfuga de su partido
Fernando López-Amor, ex diputado del PP y director general de Radiotelevisión Española, investigó en 1989, cuando militaba en el CDS, la situación fiscal del concejal centrista Francisco Javier Soto. Lo hizo el mismo día en que Soto anunció que se pasaba al grupo mixto y apoyaba al PSOE. López-Amor utilizó su cargo en Hacienda -era jefe de la Unidad de Inspección- para solicitar a un subordinado el expediente de Soto. El 27 de octubre de 1992, la Audiencia Nacional declaró a López-Amor "incurso en una falta grave de abuso de autoridad en el ejercicio del cargo" y le condenó a 15 días de suspensión de funciones. Soto dimitió el 18 de abril de 1989. Le sustituyó el siguiente en la lista del CDS, Fernando López-Amor.
, El 14 de abril de 1989 se desató la guerra en el Ayuntamiento de Madrid. Dos concejales del CDS, Francisco Javier Soto y Manuel Martínez Parrondo anunciaron su pase al grupo mixto y su apoyo al PSOE. El alcalde de Madrid, entonces Juan Barranco, respiró tranquilo pues los dos tránsfugas centristas le quitaban la mayoría absoluta a una posible coalición CDS-PP y daban estabilidad a su gobierno.Desde ese día, Soto fue objeto de una persecución. "Investigaron 25 años de mi vida. Buscaron escándalos en mis actividades profesionales y en mi vida privada y rastrearon mi patrimonio. Pero no encontraron nada", explico ayer el ex concejal.
Francisco Javier Soto conoció por EL PAÍS que Fernando López-Amor utilizó el cargo que ocupaba en el Ministerio de Hacienda para conocer su expediente fiscal. "Me ha sorprendido. Aunque la noticia que ustedes han dado se corresponde con todo lo que se hizo en aquel momento político, que fue investigar a un hombre que había tomado una decisión política y sé le intentó descalificar en su vida profesional y privada".
Soto no aprueba la conducta de López-Amor: "Hizo una utilización mala de una función pública en interés propio". Este periódico intentó ayer, sin éxito, conocer la versión de López-Amor sobre lo ocurrido.
López-Amor se estrenó como concejal en mayo de 1989, cuando sustituyó a Soto. Éste dejó el Ayuntamiento cuatro días después de anunciar su pase al grupo mixto porque la opinión pública "no entendió" su decisión, según explicó ayer. También influyó el acoso político que tuvo que soportar: "Llamaron a mi casa insultando a mis hijos y a mi gente. Se me imputaron enriquecimientos ilegales y cuestiones personales falsas. Decidí que no valía la pena continuar".
El ex concejal centrista publicó una tribuna de opinión en EL PAÍS tres días después de dimitir donde explicaba así sus razones: "No estaba dispuesto a admitir ni a tolerar que ciertos políticos y ciertos medios de opinión pusieran en duda mi incuestionable. honorabilidad( ... ). Las opiniones de algunos medios y de algunos políticos han ido mucho más lejos de lo humanamente posible. No se trata ya de la amenaza vil de una bomba o de una paliza, que las ha habido. Se trata de la infamia contra la honorabilidad de la persona". Soto respondía así a diversas acusaciones sobre su separación matrimonial; su finca de Cáceres y un presunto cobro de 50 millones por apoyar al PSOE. "El dato de la maleta de 50 millones es una afirmación burda", continuaba en su artículo. "Por un millón de dólares no hubiera dejado nunca el CDS. Por Madrid, gratis, sí".
La curiosidad de López-Amor por conocer detalles fiscales de Soto le llevaron a pedir a un subordinado, José Manuel Benavides, subinspector de Tributos, que "le facilitara la informacion existente en la Base de Datos Nacional" sobre su ex compañero de partido.
Benavides pidió el número de programa de inspección del contribuyente y López-Amor le contestó que lo hacía "por razones particulares". El subinspector sugirió entonces a López-Amor que accediese a la base de datos con su propia clave, pero éste replicó que la había olvidado. El subinspector sacó un listado de 11 páginas que, según la sentencia, "llevó personalmente" al despacho de López-Amor y éste lo hojeó "por un espacio de tiempo no superior a un minuto, sin tomar ni contrastar información alguna".
Aquello acabó con la apertura de un expediente administrativo que declaró a López-Amor autor de una falta grave de abuso de autoridad y de otra, tambien grave, por "no guardar el debido sigilo respecto de los asuntos que se conozcan por razón del cargo, cuando causen perjuicio a la Administración o se utilicen en provecho propio".
López-Amor recurrió la sanción de 30 días de suspensión de funciones por ambas faltas y el Ministerio de Economía dejó el aspecto del sigilo en falta leve y mantuvo la falta grave de abuso de autoridad. López-Amor recurrió ante la Audiencia Nacional, que en octubre de 1992 anuló la sanción leve, "que se consideraba prescrita", y confirmó la de abuso de autoridad porque, aunque no existiese dependencia Jerárquica del subinspector respecto de López-Amor, la Sala apreció "la posibilidad de coerción psicológica, derivada del distinto rango administrativo, con clara preeminencia de López-Amor respecto a Benavides".
