Publicidad engañosa

En octubre, la prensa andaluza publicaba grandes anuncios, pagados por el PP, con el título La verdad que el PSOE no dice. Según esos anuncios, Andalucía perdería 476.000 millones si el Gobierno del señor Chaves, obedeciendo las órdenes de Ferraz, no aceptaba el pacto de financiación autonómica PP-CiU, cuyos efectos, tan favorables para Andalucía, pretendían ocultar los socialistas. Al tiempo, por primera vez en la historia de la Hacienda democrática, el Presupuesto del 97 omitía la financiación correspondiente a cada comunidad, limitándose a recoger una cifra global para todas, sin ninguna explicación de su origen ni de los efectos del nuevo sistema.Desde la tribuna del Congreso, en el debate, mostré esos anuncios al señor Aznar para decirle que suprimir del Presupuesto la financiación que corresponde a cada comunidad, y contarla en anuncios pagados en los periódicos, era una curiosa manera de convertir al Parlamento en el centro de la vida política, como retóricamente había prometido en su campaña electoral.

Pero, como ha quedado demostrado en la reciente comisión mixta entre Andalucía y el Gobierno del PP, esos anuncios constituían un caso extraordinario de publicidad engañosa. Era evidente que esa cifra no podía ser cierta: si Andalucía, que representa el 28% de la participación de las comunidades en los ingresos del Estado, obtiene 476.000 millones adicionales, y se garantiza que ninguna va a ganar menos del 90% de la que más gane, el coste del nuevo sistema no puede ser inferior, en ningún caso, a 1,57 billones, lo cual es fantasioso, incompatible con el control del déficit público y con cualquier posibilidad de cumplir las exigencias de Maastricht.

Por eso, cuando los representantes del Gobierno andaluz acudieron a la comisión mixta a firmar, sin dudarlo, un acuerdo que tuviese las consecuencias prometidas en los anuncios, el ministro para las Administraciones Públicas sufrió un ataque de amnesia y no pudo recordar nada de lo que en octubre se prometía a Andalucía en grandes letras de molde.

Lamentablemente, el debate acabó sin conocer las consecuencias del pacto PP-CiU. Pero quien sí debe saberlo es el señor Pujol, que hace poco declaraba que aportaba a Cataluña 194.000 millones adicionales. Es una cifra menos exuberante que la de los anuncios del PP en Andalucía, y quizá deberíamos creerle, al menos mientras nadie del Gobierno le desmienta. Pero, una vez más, lo que se cuenta se estrella contra la lógica aritmética y la realidad de los comportamientos políticos. Puesto que Cataluña representa el 20% de la participación del conjunto de las comunidades en los tributos del Estado, teniendo en cuenta las cláusulas de salvaguardia acordadas, el nuevo sistema debería generar para Andalucía un incremento mínimo de 245.000 millones, que, aunque es la mitad de lo anunciado, es una cantidad muy respetable que los consejeros de Andalucía habrían hecho bien en aceptar, pero que el señor Rajoy no les pudo ofrecer. Quizá porque sabía, aunque no pudiera desmentirle, que tampoco era cierta la cifra que el señor Pujol anunciaba para Cataluña.

No pueden, obviamente, desmentir al señor Pujol, pero, después de la comisión mixta con Andalucía, el Gobierno del PP, "además de reconocer la extraordinaria falsedad de su publicidad de octubre", tiene que escoger: o Pujol no cuenta la verdad o su acuerdo discrimina gravemente a Andalucía.

Así, la dinámica política puesta en marcha por el PP en materia de financiación autonómica empieza a ser mas preocupante que regocijante. Ya se sabe que, desgraciadamente, la coherencia no es la virtud que más se practica en política, pero conviene no rebasar ciertos límites a la hora de hacer de la necesidad virtud, si no se quiere caer en el ridículo. Hemos visto al señor Fraga recurrir al Tribunal Constitucional la cesión del 15% del IRPF y al señor Arenas proclamar que esa cesión era una traición a Andalucía, y ahora les vemos romperse las manos aplaudiendo la cesión del 30%.

Intelectualmente hablando, no se puede estar en contra de la cesión del 15% y a favor de ceder el 30%. No hay, en cambio, incoherencia lógica en estar a favor del 15% y en contra del 30%, porque se puede estar de acuerdo en ceder a las comunidades una parte del IRPF recaudado en su territorio para tomar en cuenta su esfuerzo fiscal e involucrarlas en la aplicación efectiva de los impuestos, y al mismo tiempo opinar que un 30% es una ponderación excesiva.

En mi opinión, ceder el 30% en vez del 15% no plantea un problema conceptual mayor, puesto que no es sino una forma de introducir y cuantificar el concepto de esfuerzo fiscal recogido en la LOFCA ni tiene las consecuencias desmesuradas que le atribuyen el señor Pujol en sus declaraciones y el PP en sus anuncios. En realidad, el resultado para cada comunidad dependerá de la diferencia entre el ritmo de crecimiento de la recaudación por IRPF en su territorio y el de la recaudación global del sistema tributario en el Estado, y, tal como el PP está desmantelando la progresividad del IRPF, está por ver cuáles serán sus efectos sobre las comunidades más desarrolladas.

Por el momento, después de la comisiones mixtas que se van celebrando con cada comunidad, está cada vez más claro que el PP y CiU han prodigado un conjunto de afirmaciones que no pueden ser simultáneamente ciertas, como no podía serlo que todos ganaran más que los demás y que el sistema no tuviera coste.

En particular, las declaraciones del señor Pujol y los anuncios pagados por el PP son incoherentes con las virtudes del pacto que cada uno ha contado a sus electores. Si ambas cifras fueran ciertas, el pacto PP-CiU sería muy malo para Cataluña. Si aceptamos que lo de los anuncios es una falsedad (una más) y nos creemos el recuento de dividendos que de sus pactos hace el señor Pujol, el Gobierno del PP hubiera debido llegar a un acuerdo con Andalucía, rebajando a la mitad sus promesas anunciadas en octubre. Pero no lo ha hecho, y por algo será.

La tercera posibilidad es que tampoco sea cierto lo que el señor Pujol dice, y sigamos sin conocer una estimación razonable de las consecuencias del pacto PP-CiU en la que ambos puedan coincidir y explicar de forma coherente a las comunidades. Y si no la conocemos no es porque los socialistas oculten la verdad, sino porque el PP ha emprendido, a golpe de improvisación, ocultación, confusión e imposición, un camino cuyo horizonte es cada vez más preocupante.