TVE pugna por los derechos globales del cine español

, El grave deterioro de las arcas de Televisión Española -más de 260.000 millones de pesetas de deuda acumulada- no va a ser obstáculo para que la empresa estatal pugne por quedarse con los derechos globales de explotación de las películas españolas de nueva producción, con la finalidad de alimentar así la plataforma digital a la que se ha adherido (la encabezada por Telefónica y promovida por el Gobierno).Hasta ahora, TVE pagaba a los productores de cine derechos de antena para la emisión de la película a los 24 meses de su estreno. El segundo año de vida de los filmes se destinaba a los canales de pago -Canal +- que abonaba a los productores por este concepto una cantidad que incrementaba de manera importante según los resultados en taquilla. Pero TVE ha cambiado de política. Las empresas agrupadas en la plataforma encabezada por Telefónica han decidido que el cine sea, después del fútbol, la gran baza de alimento de las plataformas digitales. Aunque todavía no hay nada formalizado, los productores de cine han sabido de responsables de TVE su intención de hacerse con los derechos globales de los títulos elegidos.

Según un acuerdo firmado por los responsables de TVE y los productores audiovisuales, la empresa estatal se comprometió a invertir 2.000 millones de pesetas en producciones de cine español en 1997. En el acuerdo no se fijó el número de títulos a los que iba a afectar, pero sí que la selección de las cintas elegidas se haría pública en tres convocatorias anuales. La primera es el próximo día 15. A partir de esa fecha, TVE tiene que hacer públicos los títulos en los que está interesada y empezar a negociar con los productores las condiciones de los derechos de antena, así como el periodo de explotación. Para esta primera convocatoria hay más de 60 títulos presentados. Los productores calculan que serán unos 20 los finalmente elegidos.

Si la media que TVE ofrecía a los productores en concepto de derechos de antena rondaba los 60 o 70 millones, ahora esta cifra tendrá que ser sustancialmente elevada hasta los 80 o 100 millones de pesetas, algo que, a pesar del deterioro presupuestario de la cadena pública, directivos de esta última parecen decididos a realizar.

Decreto en ciernes

Esa compra de derechos incluye el pay per view (pago a petición del cliente) de la futura cadena digital, la primera ventana de pago -es decir, su exhibición en una cadena codificada-, la emisión en abierto y los derechos en América Latina; y además, por un periodo muy largo.

En paralelo con esta operación, el Ministerio de Cultura prepara un decreto que modifica los plazos y ventanas de explotación del cine en televisión, cuya consecuencia inmediata sería acortar el tiempo de exhibición en salas para permitir una más pronta explotación televisiva. Las cadenas que participen con al menos un 30% en el coste de las películas podrán estrenar dichos títulos en el plazo de seis meses desde su terminación.

Según la normativa actual una película puede ponerse a la venta en vídeo a los seis meses del estreno en salas y puede emitirse en televisión a los 12 meses, sin hacer distinción entre canales de pago o canales en abierto.

La nueva regulación en estudio propone que la venta en vídeo pueda realizarse a los tres meses, el estreno en cadena de pago a los nueve meses y la emisión en canales abiertos a los 12 meses. (En Francia, por ejemplo, los canales de pago tienen 12 meses y no tres como quiere el Gobierno español para explotar una película).