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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Una oportunidad

EL PRESIDENTE Aznar no parece haber aprovechado la oportunidad que le brindó Pujol de salirse casi sin ruido del embrollo de la plataforma digital y los derechos del fútbol en que se había metido, y que ha sido un evidente elemento de crispación política en las últimas semanas. Aunque más tarde dejó abierta la posibilidad de cambiar de criterio -"ya se verá", dijo-, el presidente de Gobierno no quiso comprometerse ante Pujol a aceptar la propuesta de su socio catalán de tramitar el decretazo sobre la plataforma digital como proyecto de ley, a fin de poder introducir enmiendas en su articulado. Esa negativa transmite la impresión de que el Gobierno, azuzado desde fuera por vendedores de humo, ha hecho del asunto una cuestión de honor de la que le resulta difícil apearse.Invirtiendo prioridades que parecen obvias, el Gobierno se ha empecinado en generar conflictos artificiales que han envenenado el clima político. Sin embargo, el desafío terrorista, que ayer se cobró una nueva víctima, y las maniobras exteriores que tratan de obstaculizar el acceso de España a la moneda única, pese a las buenas perspectivas económicas, definen un marco favorable al consenso interior: algo que no puede dejar de reforzar la autoridad del Ejecutivo.

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En, lugar de eso, los estrategas mediáticos de La Moncloa han elegido el conflicto, primero con el asunto de la supuesta amnistía fiscal selectiva y luego con la batalla digital. Seguramente no faltarán expertos dispuestos a convencer a Aznar y a Álvarez Cascos de que una actitud populista y agresiva puede serles rentable en ciertos caladeros electorales, aunque por el camino se arruine su proclamada imagen centrista. Es absurdo pensar que la subida de uno o dos puntos en alguna encuesta ad hoc pueda compensar el precio pagado en estabilidad y cohesión social.

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De acuerdo con la vocación del catalanismo político de actuar como elemento moderador de la política española, el presidente Pujol había adelantado su disposición a convalidar el decreto gubernamental siempre que se acordase su tramitación ulterior como proyecto de ley. Ello permitiría introducir enmiendas que suavizaran las aristas más arbitristas e intervencionistas del decreto. Portavoces de CiU han explicado que con ello pretendían, ante todo, garantizar la plena legalidad del texto -los socialistas han anunciado un recurso de inconstitucionalidad- y su adecuación a la normativa europea. Aznar rehusó en su entrevista con Pujol un compromiso en este sentido, aunque en declaraciones posteriores en el Congreso dijo que no convertirá en cuestión de principio una diferencia sobre el procedimiento.

Pujol ha tenido buen cuidado en subrayar que esa divergencia no cuestiona la continuidad del pacto de gobernabilidad PP-CiU. Más vale que así sea, porque no hay alternativa (excepto la de un pacto a la griega Aznar-Anguita). Esta última posibilidad, que encantaría a algunos amantes de las emociones fuertes, fue indirectamente evocada por Pujol al indicar que un posible voto conjunto PP-IU de convalidación del decreto "no sería un punto positivo para nuestra colaboración", por otra parte imprescindible para aprobar los Presupuestos de 1998, pieza capital para el proceso de integración en el euro. Para subrayar la reticencia, el secretario general de Convergència, Pere Esteve, alertó desde Barcelona sobre los problemas de comunicación existentes con el Gobierno, resaltando que habían recibido el anteproyecto de ley de retransmisiones deportivas después de su publicación en dos diarios de Madrid. Esteve también reprochó al Gobierno un exceso de empecinamiento.

El mensaje, aparentemente, no fue captado por Aznar durante el encuentro en La Moncloa, aunque aparentaba una actitud más flexible horas después en el Parlamento. Para la necesaria estabilidad de la mayoría parlamentaria, y también para el clima político general, bueno será que el Gobierno no haga cuestión de honor de algo que es sólo una decisión política. Sólo así podrá convencer a sus socios de que no pretende imponerles esta iniciativa legislativa como un trágala, sino que está dispuesto a discutir y aceptar algunas de sus sugerencias.

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