Los abogados de EE UU piden la, suspensión de las condenas a muerte

Cinco lustros después de su reinstauración por el Tribunal Supremo, la pena de muerte sigue siendo popular en Estados Unidos. Tres de cada cuatro ciudadanos, incluido el presidente Bill Clinton, aprueban su empleo. Los juristas, sin embargo, no comparten esa fe casi monolítica. La Asociación de Abogados Norteamericanos (ABA) pidió ayer la suspensión de todas las ejecuciones pendientes en EE UU.

, El llamamiento fue aprobado por 280 votos a favor y 119 en contra en la conferencia de la ABA celebrada en San Antonio, una localidad de Tejas, el Estado que ha ejecutado a 107 personas desde 1972. El llamamiento argumenta que los derechos legales de los condenados a muerte han sufrido tal erosión que se impone una inmediata moratoria en la aplicación de la pena capital."En un caso tras otro, la decisión de quién debe morir y quién debe vivir no se basa en la naturaleza del crimen presuntamente cometido por el acusado, sino en la calidad de la defensa legal que recibe", dice la resolución.

Tan sólo cuatro de cada 10 apelaciones contra la pena de muerte son aceptadas por los tribunales. La ABA cree que ese porcentaje sería mucho más alto si los condenados tuvieran una correcta representación legal desde el primer momento.

Los abogados denuncian la creciente frivolidad con que los tribunales tratan las apelaciones. En muchos casos, no tienen ni tiempo ni medios materiales suficientes para estudiarlas en profundidad, en razón de los recortes presupuestarios para esa tarea aprobados por el Congreso en 1996.

En consecuencia, según la ABA, la pena de muerte se está utilizando de "modo discriminatorio" contra las minorías étnicas y culturales, los disminuidos mentales y los menores de 18 años.

EE UU es la única democracia occidental que practica la pena capital, lo que coloca a este país al nivel de China, Irak, Irán y Arabia Saudí. Más de 350 personas han sido ejecutadas desde que este castigo fue reinstaurado por el Tribunal Supremo de 1972. Dos de los jueces que lo aprobaron, Lewis Powell y Harry Blackmun, se arrepintieron posteriormente de su decisión. Alex Kozinski, un juez del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos que ha dado luz verde a más de una docena de ejecuciones, confiesa en el último número de The New Yorker que no ha asistido a ninguna de ellas.

"Me pregunto" dice el juez, "qué se puede decir de alguien como yo, que con fría precisión sella el destino de un ser humano, pero al que le falta el coraje de ser testigo de las consecuencias de sus actos". Esas inquietudes no son compartidas por la mayoría de los norteamericanos. The New York Times contó con detalle el pasado domingo cómo decenas de millares de ciudadanos de New Hamspshire viven con angustia el anunciado sacrificio de Prince, un perro labrador condenado por haber atacado unas gallinas. El artículo subrayaba de pasada que New Hampshire es un Estado donde la pena de muerte para los seres humanos es legal, lo que nunca ha provocado tanta controversia" como el destino de Prince.