Andalucía recurrirá al Constitucional las tres leyes de la nueva financiación

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que preside Manuel Chaves, acordó ayer interponer un recurso de inconstitucionalidad contra las tres leyes que recogen el nuevo modelo de financiación autonómica. La Junta entiende que el nuevo sistema vulnera 17 artículos del texto constitucional español y otros siete del estatuto de autonomía. El recurso será presentado probablemente el día 28, Día de Andalucía, una vez que el consejo consultivo de la comunidad dictamine el acuerdo del Ejecutivo por la vía de urgencia.

, Según los consejeros andaluces de Presidencia, Gaspar Zarrías, y de Economía y Hacienda, Magdalena Alvarez, "agotadas todas las posibilidades de negociar con el Gobierno central, la única solución que le quedaba a Andalucía para defender sus intereses era la interposición de un recurso de inconstitucionalidad frente a tres leyes que, entendemos, vulneran principios básicos de la Constitución". Se trata de la Ley Orgánica 3/1996, de 27 de diciembre, que modifica parcialmente la LOFCA (Ley Orgánica de Finanaciación de las Comunidades Autónomas); la 14/1996, de 30 de diciembre, de Cesión de Tributos del Estado a las comunidades autónomas; y la 12/1996, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1997.En los fundamentos jurídicos del recurso, la Junta alegará que el nuevo sistema de financiación vulnera, entre otros, los principios constitucionales de igualdad, solidaridad y justa redistribución de la renta y de la riqueza. Igualmente, se estima que la cesión del derecho a la recaudación del IRPF "pugna con el principio de solidaridad.

Alvarez explicó que, en la negociación del nuevo modelo, hay dos grandes cuestiones que decidir: cuánto dinero van a recibir las comunidades y cómo. La primera vulneración de la Constitución por el Gobierno, añade, se produjo al "dejar fuera en la cuantificación para Andalucía un volumen de población tan importante que hace imposible que se pueda cumplir el principio de suficiencia, recogido en la LOFCA, que forma parte del bloque de constitucionalidad".

En segundo lugar, Alvarez señaló que la forma de hacer llegar el dinero a las comunidades, "el cómo", ha sido el centro del debate "porque al Gobierno central no le interesaba que se centrara en el cuánto, que era una cuestión mucho más comprensible para los ciudadanos".

La consejera relató las alternativas de la Junta para acordar un sistema de financiación equilibrado para todas las comunidades, y acusó al Ejecutivo de descalificar todos los acercamientos, incluida la aceptación de la propuesta del PP de Andalucía, que aseguraba que la comunidad recibiría 476.000 millones adicionales si se aceptaba el modelo del Gobierno.

La Junta anunció asimismo que recurrirá por la vía contencioso-administrativo "la mala aplicación" de la norma vigente para que la comunidad se siga financiando en 1997. Alvarez explicó que se espera una respuesta del Gobierno sobre los cálculos realizados para enviar a la Junta cantidades a cuenta. Según el Ejecutivo andaluz, la cantidad enviada por un director general del ministerio en enero como anticipo de tesorería refleja un in cremento del 5,93% sobre 1996, pero no incluye el incremento de 463.000 habitantes registrado en la comunidad por el censo de 1995. Zarrías parte, dijo que la Junta ha llegado a "la triste conclusión" de que el Gobierno "no tenía margen para negociar ni dialogar con Andalucía". Añadió que "el pacto con CiU maniataba de tal forma al Gobierno que le impedía cualquier margen para que Andalucía gozara de un sistema justo".

El Consejero de la Presidencia criticó las declaraciones del presidente del Gobierno, José María Aznar, en las que instaba a sus diputados a ejercer una mayor oposición contra el presidente andaluz, Manuel Chaves.

Zarrías reiteró la petición del Gobierno andaluz al central de que se hagan públicas las cintas con las intervenciones en la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias del 30 de enero, que acabó en bronca y cruce de descalificaciones. El consejero calificó el caso de las cintas como "el waterrajoy", y Álvarez añadió: "No las hacen públicas, porque, si se publicaran, Rajoy tendría que dimitir".