La Fiscalía pide un año de cárcel y nueve de inhabilitación para Cañellas, por el 'caso Sóller'

El ex presidente del Gobierno balear y del Gabriel Cañellas ha sido acusado por Fiscalía Especial Anticorrupción como autor de un delito de prevaricación continuada y otro de cohecho, por los que se pide una condena de un año de cárcel y nueve años de inhabilitación especial, por el cobro de confisiones ilegales en la concesión del túnel de peaje de Sóller (Mallorca) en 1988, el denominado caso Sóller. Un ex consejero del PP, Jerónimo Saiz, y el empresario Antonio Cuart, supuestamente pagador de los donativos y socio de Cañellas, figuran también como acusados.

, El ex dirigente popular gobernó de manera ininterrumpida en Baleares desde 1983 hasta julio de 1996, cuando José María Aznar forzó su dimisión como presidente del PP y del Ejecutivo para que asumiera las responsabilidades políticas por este caso de posible financiación ilegal y corrupción.Pese a la censura de Aznar, Cañellas continúa en la vida política, como diputado y presidente del grupo parlamentario regional en el Parlamento balear y miembro electo en la ejecutiva regional del partido.

El escándalo del caso Sóller se destapó en el verano de 1994 tras una investigación de la Policía Judicial que detectó un manejo irregular de fondos en la sociedad concesionaria del túnel, en proceso de quiebra. Una cantidad de 40 millones de pesetas fue desviada de la empresa beneficiaria y llegó a las cuentas bancarias del PP, que la destinó al pago de gastos electorales y al funcionamiento de sus sedes insulares. En la causa obran facturas pagadas a empresas suministradoras del PP y anotaciones en sus cuentas bancarias de talones derivados del túnel. Está documentado, además, que entre 1,6 y 6 millones de pesetas de posibles comisiones fueron ingresados en la fundación privada Illes Balears, que bajo la presidencia y control absoluto de Cañellas ha recaudado 1.200 millones de pesetas entre empresas que operan en las islas.

En la investigación judicial no se ha podido esclarecer el destino de un maletín con 72 millones de pesetas que fueron recogidos por una persona no identificada en una oficina bancaria, procedentes de las arcas del túnel. Juzgados de instrucción de Palma y Madrid siguen sumarios paralelos contra el empresario del túnel, Antonio Cuart -que era socio privado del ex dirigente conservador en la firma Salinera Española-, por estafa, falsedad documental, apropiación indebida y fraude fiscal, delitos supuestamente cometidos para amparar el pago al PP.

La Fiscalía Anticorrupción asumió el caso hace tres semanas por decisión del fiscal general del Estado, Juan Ortiz Úrculo, cuando ya estaba concluida la instrucción. El fiscal especial anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, intentó por dos veces encargarse de la investigación en sus inicios, pretensión que fue desbaratada por el Consejo Fiscal, con mayoría del ala conservadora de la carrera. En la fiscalía y el Tribunal Superior se mantenían tesis favorables al archivo por prescripción de las acusaciones.