El Tribunal Supremo pide al Gobierno los 'papeles del Cesid' para examinarlos en secreto

El Tribunal Supremo pedirá al Gobierno los 20 papeles del Cesid que reclaman tres jueces de instrucción que los relacionan con la guerra sucia contra ETA. Tras más de tres horas e deliberación, el pleno de la Sala Tercera decidió que sus 33 magistrados cotejarán de forma reservada los documentos. La práctica de tal prueba será previa a la resolución de los tres recursos contencioso-administrativos planteados contra el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 2 de agosto de no desclasificar los papeles. La decisión, acatada ya por el Gobierno, admite la propuesta subsidiaria del letrado de los recurrentes, Íñigo Iruin, y el rechazo de la del fiscal, que proponía que los documentos fueran cotejados por tres magistrados delegados de la sala.

, Al término de la reunión del pleno de la sala -comenzó después de las 17 horas y terminó hacia las 20.30-, se informó del acuerdo adoptado. La prueba solicitada por el recurrente y el fiscal, consistente en el cotejo de los documentos auténticos del Cesid con las versiones dadas de ellos por tres jueces de instrucción, se practicará mediante el "examen reservado por el pleno y en la sede de este tribunal" de los 20 documentos del Cesid cuya desclasificación fue denegada por acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de agosto último.La decisión fue adoptada por unanimidad a propuesta de los ponentes de los tres recursos: Gustavo Lescure, Enrique Cáncer y Ramón Trillo. Los tres magistrados plantearon como "elemental" que debían ser todos los miembros de la sala los que contrastaran los documentos y no una delegación de la misma, como proponía el fiscal. La argumentación, que figurará en la resolución que se notificará la próxima semana, es que "cada uno de los 33 tiene que tener su propia opinión para decidir en un asunto como la seguridad del Estado, con muchos matices", según fuentes de la sala.

Hablaron unos 30 magistrados

Apenas se produjo debate sobre esta propuesta en una sesión en la que intervino una treintena de magistrados. Más intensa fue la deliberación, según las mismas fuentes, sobre el acta que levantará el secretario de la sala y sobre la intervención de éste. Se acordó que el contenido del acta se decidirá cuando los 33 magistrados vean los documentos.

En un momento de la discusión jurídica se planteó por qué los jueces de instrucción no pueden ver directamente los documentos que reclaman. Hubo acuerdo en que el ordenamiento jurídico vigente no lo permite y se recordó la sentencia del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción de 14 de diciembre de 1995.

Dicho fallo, además de declarar la competencia de Defensa para resolver sobre la entrega de los documentos, indicaba que el juez de instrucción que considere necesarios para una investigación sumarial determinados documentos clasificados como secretos podía dirigirse al ministro correspondiente para que éste trasladara la petición al Consejo de Ministros, a fin de que "`éste pueda valorar, dentro de sus funciones directivas de gobierno, los intereses en juego, principalmente el de la seguridad del Estado, cuya exclusiva interpretación le corresponde en esta materia, y decidir en consecuencia".

Se produjo coincidencia también, siempre según fuentes de la sala, en que muy distinta a la posición del juez penal es la de la Sala Tercera del. Supremo, competente para revisar los actos del Gobierno. Algunos magistrados plantearon si el ordenamiento español debe seguir el derecho comparado. Se adujeron sentencias del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y se llegó a la conclusión de que la ley de Secretos Oficiales debe cambiarse, a la luz de la Constitución.

La sesión se inició con las intervenciones de los ponentes sobre cada una de las pruebas, dejando para el final la relativa al examen de los documentos. Se aceptaron otras pruebas, tales como la aportación de resoluciones relacionadas con el caso, así como la obtención de un informe del Defensor del Pueblo sobre la materia y de otro del Consejo General del Poder Judicial, muy crítico con el anteproyecto de ley de Secretos Oficiales.

Decisión final no anticipada

La sala tuvo muy claro que la decisión tomada ayer no anticipa la que finalmente se adopte, una vez examinados los documentos. Algunos magistrados creen que, aunque inicialmente todas las pruebas deben practicarse en 20 días -que concluyen el 14 de febrero próximo-, si el, letrado Iruin recurre contra su no participación en el examen de los documentos la resolución de ese recurso retrasaría los plazos.

La convocatoria del pleno de ayer por el presidente de la Sala Tercera, Ángel Rodríguez García, con día y medio de antelación y para las cinco de la tarde de un viernes, provocó malestar entre algunos magistrados, que tuvieron que devolver billetes para sus lugares de destino de fin de semana. Además, Rodríguez mostró obsesión por la seguridad: prohibió, por primera vez en la historia del Supremo, el acceso de los informadores al interior del Palacio de Justicia; impidió después el acceso de cámaras de televisión y fotógrafos a la Sala de Prensa, y finalmente, al no recibir seguridades de que los periodistas hubieran entregado sus magnetófonos, delegó la lectura del acuerdo en un magistrado adscrito a los servicios técnicos: Juan José González Rivas.