La justicia de Chirac

JACQUES CHIRAC es un político fajador que saca los mejores golpes cuando se apoya contra las cuerdas. Se lanzó a la carrera hacia el Elíseo a finales de 1994, cuando ya nadie contaba con él, y venció. Ahora, sumido en una crisis de impopularidad y acosado a distancia por varios jueces que, investigando las cuentas del RPR neogaullista, pueden acabar topando con posibles fuentes de financiación irregular, Chirac ha demostrado ser también un notable estilista. Con el solemne anuncio de una reforma del sistema judicial, algo de lo que no había hablado apenas con anterioridad y que ahora califica de gran prioridad de su septenio, puede lograr dos objetivos: mejorar su cota de popularidad, por un lado, y acallar, por otro, las numerosas críticas contra las presiones ejercidas sobre los jueces por miembros de su Gobierno.¿Quién puede declararse en contra de que se abarate y agilice, la Administración de justicia? ¿Quién puede estar abiertamente de acuerdo en que el ministro de Justicia tenga la potestad de decidir sobre si se abre o no un sumario concreto? ¿Quién no cree razonable conciliar el derecho a la información con el derecho a la presunción de inocencia del acusado? Al demandar una Administración judicial más eficaz, más independiente y menos presionada por los linchamientos morales en la prensa , sin que ello suponga recorte alguno a la libertad de información, Chirac no puede recibir sino aplausos.

El presidente de Francia ha encargado a una comisión técnica que realice en sólo seis meses una auténtica misión imposible. Y se ha guardado de dar pistas sobre la fórmula para conseguir que los sumarios sean secretos y que los políticos acusados de corrupción sean respetuosamente tratados como inocentes hasta la publicación de una sentencia condenatoria, sin que, para ello, la libertad de información sufra recortes. También ha evitado hablar de la congelación del presupuesto de Justicia, impuesta hace unas semanas por su primer ministro, Alain Juppé, y sobre la falta de medios materiales en la mayoría de los tribunales. Cuando cada juez emite una sentencia por día laborable, como señalan las estadísticas, y aun así se producen atascos, es. razonable deducir que, además de reformas, faltan recursos.

Chirac ha concedido sólo seis meses a la comisión, pero dará un cómodo plazo de cinco años a su Gobierno para que plasme las recomendaciones y las lleve al Parlamento. Durante esos cinco años, que coinciden con lo que resta de mandato presidencial, el actual y futuros Gobiernos podrán seguir echando tierra sobre ciertos sumarios peligrosos, sin que se pueda acusar a Chirac de manipulación. La gran reforma, podrá decir el inquilino del Elíseo, está ya en marcha.

Pero, además del presupuestario, Chirac ha evitado adentrarse en algunos problemas realmente espinosos y de importancia creciente, como la internacionalización de la criminalidad ante la impotencia de las justicias nacionales y los vacíos legales respecto a las novísimas tecnologías. De hecho, impelido por cuestiones de táctica política antes que de estrategia a largo plazo, Chirac ha propuesto que la justicia francesa, institución forjada básicamente a finales del siglo XVIII, en plena era de las luces, se adapte a las necesidades de una modernidad que empieza a quedar atrás, en vez de a los claroscuros que caracterizan este fin del siglo. Puede que la comisión, pluralista y de alto nivel técnico, produzca ideas útiles. Pero si la aplicación de la reforma se demora durante cinco años corre un grave riesgo de nacer ya vieja.