Canal Satélite acusa a Aznar de atropellar los legítimos intereses de compañías españolas
La empresa mantiene el plan de lanzamiento de su oferta digital para el próximo juevesLa norma sobre descodificadores no se consultó a la industria ni a las cadenas privadas
El Gobierno trata de atropellar a Canal Satélite Digital para favorecer "el monopolio de la compañía Telefónica y a las televisiones públicas dependientes del Partido Popular", e intenta "perjudicar intereses legítimos de empresas privadas españolas", según una nota difundida por Canal Satélite tras la decisión tomada el viernes por el Gobierno, que envió al Consejo de Estado una disposición relativa a descodificadores. Esa normal que no ha sido consultada a la industria ni a las cadenas privadas de televisión -a diferencia de lo ocurrido con otras regulaciones en materia de telecomunicación- ha sido presentada por Abc y El Mundo, vinculados a la plataforma de Telefónica, como un intento de bloquear la oferta digital de Canal Satélite.
El texto del comunicado es el siguiente:
1. Desconocemos el contenido exacto de esa norma sobre la que el Gobierno no ha dado ninguna información precisa, pero sí lo han hecho dos periódicos vinculados a la operación de televisión digital por satélite que el propio Gobierno quiere montar. El diario El Mundo interpreta que se trata de frenar la salida de Canal Satélite Digital, y el diario Abc, cuyo director es representante de la empresa mexicana Televisa, otro de los miembros de la plataforma gubernamental, informa que se quiere impedir con esta normativa el uso de los descodificadores de Canal Satélite Digital.
2. El secretismo informativo con el que ha operado el Gobierno, hurtando a la opinión pública datos sobre esta cuestión, contrasta con la. urgencia legislativa que quiere imprimir exigiendo al Consejo de Estado que se pronuncie sobre el nuevo reglamento en el plazo de cinco días.
3. Canal Satélite Digital emite en pruebas desde el pasado mes de noviembre y seguirá utilizando su descodificador, que cumple con todos, los requisitos de homologación establecidos por la Unión Europea, y se fabrica y se comercializa en Europa. Los complementos técnicos precisos para su comercialización en España han recibido ya la pertinente validación del Ministerio de Fomento por cumplir todas las especificaciones.
4. Canal Satélite Digital hará su acto de presentación comercial el próximo día 30, conforme a los planes previstos.
5. Canal Satélite Digital denuncia la polítización que desde el Gobierno se viene realizando en tomo a la televisión digital y contra aquellas empresas de comunicación que no son dóciles a las presiones del poder. Consideramos un atropello que se intente favorecer con medidas administrativas el monopolio de la compañía Telefónica y a las televisiones públicas dependientes del Partido Popular. En la operación se trata de perjudicar intereses legítimos de empresas privadas españolas en beneficio de potenciales competidores obedientes a las directrices del Gobierno.
6. Canal Satélite Digital continúa con su proyecto empresarial. La Constitución y las leyes que de ella emanan protegen a todos los ciudadanos de acciones abusivas contrarias al Estado de Derecho".
Según se pudo precisar ayer, la regulación del uso de descodificadores pretendida por el Gobierno consiste en una modificación del proyecto de reglamento de la Ley de Telecomunicaciones por Satélite.
Ya en una ocasión, a mediados de 1995, ese proyecto de decreto fue rechazado por el Consejo Asesor de Telecomunicaciones, un organismo que reúne a los representantes de la industria, las cadenas públicas y privadas de televisión, la Compañía Telefónica y otros intereses, a los que el Ministerio de Fomento (antes, Obras Públicas) ha consultado las regulaciones que afectaban a las telecomunicaciones, tanto durante la gestión socialista como en los primeros meses de gobierno popular.
El reglamento de la Ley del Satélite quedó finalmente listo a principios de diciembre pasado, sin ninguna regulación específica relacionada con descodificadores de señales digitales.
Sin embargo, el Consejo de Ministros entendió el viernes que era urgentísimo incluir tal regulación. Despertó de un golpe el dornúdo decreto y lo mandó al Consejo de Estado para su trámite por el procedimiento de urgencia. Ha recaído en la sección cuarta del Consejo, que lleva los temas de la Defensa, y que será la encargada de proponer un dictamen a la comisión permanente de la institución.
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