Las actas arrojadizas

El escándalo de los 600 expedientes de Hacienda que podrían quedar prescritos es una operación en la que se entremezclan deliberadamente intereses políticos, cuestiones técnicas y negligencias administrativas. Rato y Costa acusaron a los ex responsables políticos de la administración tributaria de los retrasos de más de seis meses en la entrega de las actas de liquidación de esos expedientes. El PSOE, según el PP, hizo una maniobra dilatoria para ayudar a sus amigos. Acto seguido, populismo obliga, Costa eximió de responsabilidad a los funcionarios de Hacienda.¿Podía una presunta trampa como la denunciada ser ejecutada por los responsables políticos sin la colaboración de los funcionarios? Los hechos dan la respuesta. Una vez que termina la inspección a cualquier contribuyente, el inspector le entrega a este último el acta de inspección. Si el contribuyente no está de acuerdo, el inspector jefe, con la colaboración de la llamada Oficina Técnica, debe elaborar y entregar el acta de liquidación definitiva. El inspector jefe es el responsable de elaborarla y decide su contenido y el momento de la entrega.

Si se sigue el razonamiento del Gobierno hasta el final, los antiguos responsables políticos de Hacienda habrían torcido la voluntad de un gran número de inspectores jefes, funcionarios, para conseguir que las actas de liquidación se entregaran tras más de seis meses. Costa podría explayarse comentando, por ejemplo, los baldíos esfuerzos políticos para retrasar la entrega de las actas sobre derechos de imagen al Real Madrid y al Barca.

Hacienda no ha sido, en determinados aspectos, un modelo de eficacia y celeridad. Por ello, Hacienda debería informar sobre cuántas actas de liquidación se entregaron, hasta 1995, más de seis meses después de terminada la inspección. Salvo que muchos inspectores mientan, todo indica que la mayoría rebasaban ese plazo. Se trata de miles de casos que afectan a todo tipo de contribuyentes. ¿Por qué el interés en circunscribir el escándalo a los 600 aflorados? La gestión de Hacienda fue descuidada o negligente, especialmente desde 1992, momento en que el alto tribunal de Aragón, dictó una de las primeras sentencias contra Hacienda.

Esfuerzo especial

No es menos cierto, y los inspectores tienen la palabra, que desde ese momento, y más aún tras una sentencia similar de la Audiencia Nacional de finales de 1994, se hizo un esfuerzo especial para reducir plazos. A esas alturas, en Hacienda todo el mundo asumió que la prescripción a los seis meses se impondría.Costa también corrió demasiado al asegurar que Hacienda perderá 200.000 millones. Según se deduce de sus razonamientos, el único obstáculo para cobrar ese dinero era el de la prescripción. También aquí se omite el hecho relevante: la mayoría de esos 600 expedientes han sido recurridos por el contenido de lasactas, es decir el fondo, y no sólo por los plazos de entrega.

Un ejemplo es el de las primas únicas. La inspección comenzó a finales de los ochenta. En el caso de La Caixa, una de las primeras en las que desembarcó la inspección y a la que se le entregó actas de liquidación, la labor se prolongó hasta 1992. En sus discusiones con Hacienda, La Caixa exhibió autorizaciones de Seguros y Tributos para la venta de seguros de prima única. Hacienda encargó dictámenes para conocer sus posibilidades legales. La entrega de las actas de liquidación, a La Caixa y las otras entidades, iba sufriendo demoras constantes. Finalmente, en octubre de 1994, La Caixa recibió las actas de liquidación pendientes. Eso fue en octubre de 1994. La Audiencia no se pronunció hasta un mes después. Y el Supremo lo hizo en febrero de 1996. Si hubo dilación intencionada en la entrega, el que la diseñó debía ser todo un vidente. Lo mismo ha ocurrido ahora con los 600 expedientes utilizados como arma política.