Recortes educativos, hipoteca de futuro

Jacques Delors decía en el Informe a la Unesco de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI, que en este "final de siglo, caracterizado por el ruido y la furia, tanto como por los progresos económicos y científicos -por lo demás repartidos desigualmente-, en los albores de un nuevo siglo, ante cuya perspectiva la angustia se enfrenta con la esperanza, es imperativo que todos los que estén investidos de alguna responsabilidad presten atención a los objetivos y a los medios de la educación".La educación ha recobrado una importancia renovada en los países industriales. Existe un amplio consenso sobre la importancia creciente, estratégica, de la formación en nuestras sociedades en este final de siglo. La educación, la formación, es nuestra industria del siglo Y-XI.

Sin embargo, el caso español no parece caminar en esa dirección. El debate de los presupuestos de educación para 1997 ha demostrado que la educación no es una prioridad para el Gobierno de Aznar. Por vez primera, desde los años de la transición, el presupuesto destinado a la educación pública se ha reducido respecto al anterior, interrumpiéndose así una tendencia histórica de incremento progresivo -incluso en años de fuerte recesión económica- de recursos públicos para educación. Los resultados de este ingente esfuerzo en educación los últimos 20 años quedan reflejados en el último informe de la OCDE y en otros informes: el porcentaje del PIB gastado en educación en España nos sitúa en posiciones mucho más próximas a las de los países más desarrollados de la UE. Igualmente, el gasto público por alumno ha aumentado considerablemente. Logro notable porque hasta hace muy poco España estaba en uno de los últimos lugares.

Lamentablemente, la educación no es una prioridad para el PP. Cuatro decisiones -las únicas que ha tomado el actual Gobierno en educación- avalan mi afirmación: la primera fue el recorte de 8.100 millones en la educación pública en mayo pasado (de ellos, 4.500 millones en inversiones); la segunda fue la circular y las instrucciones de julio pasado dictadas por el MEC, que han erosionado la calidad del sistema; la tercera ha sido el incumplimiento de los acuerdos sobre mejora de la calidad de la enseñanza y de las condiciones de trabajo del cuerpo de maestros, firmado entre el MEC y varios sindicatos en febrero de 1996, y la cuarta ha sido el presupuesto para 1997.Un presupuesto que prevé para la educación pública una reducción del 13% de los gastos de funcionamiento de los centros de infantil y primaria y del 22% en los centros de secundaria y formación profesional; un recorte de 1.526 millones en comedores escolares; la congelación de los programas de formación de adultos; un retroceso en volumen de fondos reales asignados a becas y, finalmente, un recorte del 3 3% (9. 100 millones menos que en 1996) en construcción y adecuación de centros de infantil, primaria y secundaria, que es tanto como decir que se paraliza el programa de inversiones necesario para culminar la red de centros prevista en la LOGSE en el territorio que gestiona el MEC. Este presupuesto hipoteca gravemente el futuro del sistema público de educación y hará muy difícil el traspaso de competencias en condiciones homologables a 10 comunidades en enero de 1998.

Un grave error del PP que debería rectificar escuchando las serias preocupaciones manifestadas por estudiantes, padres, sindicatos de profesores, claustros, parlamentos regionales e incluso consejeros de Educación del PP.

El Parlamento ha de ser sensible a las recomendaciones de la comunidad educativa, representada en el Consejo Escolar del Estado. Y la educación debería ser objeto de un pacto por la educación, un amplio acuerdo parlamentario que garantice el desarrollo de la LOGSE hasta el año 2002.