Fomento recuerda que Telefónica debe garantizar el servicio a los ciudadanos

El Ministerio de Fomento adelantó ayer que el anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones garantiza como un derecho el acceso de todos los españoles al servicio telefónico. El ministerio elimina así la posibilidad de que ese derecho quedara insatisfecho una vez culminada la privatización total de Telefónica, iniciada ayer, y la salida del Estado del consejo de administración de la empresa.

El Gobierno inició ayer la venta de 171,076 millones de acciones de Telefónica, equivalentes a la casi totalidad del paquete que tiene el Estado en la compañía. En la primera jornada dedicada a la inscripción de órdenes de compra se registraron peticiones de 80.000 ahorradores particulares por un total de 45 millones de acciones, equivalente al 58% del total de acciones dedicado a inversores particulares españoles. El valor de las peticiones supone unos 150.000 millones de pesetas, lejos aún de los 577.000 millones que el Gobierno puede ingresar con la privatización.Los títulos de Telefónica cerraron la sesión de ayer en bolsa a 3.385 pesetas, con una subida del 0,35%. El director del departamento financiero de la compañía, Alfonso Pajuelo, señaló que "el precio razonable" de la colocación estaría entre 3.300 y 3.400 pesetas.

Telefónica alcanzó durante la jornada una cotización de 3.420 pesetas y empezó a caer después de que Alfonso Pajuelo fijara el precio de la colocación. El precio definitivo se conocerá el 17 de febrero.

El anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones elaborado por Fomento establece que "el operador dominante, es decir, Telefónica de España S A, está obligado a la prestación del servicio de telefonía en todo el territorio nacional", con lo que cualquier intención por parte de Villalonga para derogar o limitar ese compromiso del contrato con el Estado resultará baladí.

En la actualidad, Telefónica garantiza que todos los españoles tienen acceso al teléfono en virtud del contrato que tiene suscrito con el Estado desde el año 1991 y que debería mantenerse en vigor hasta el año 202 1. Sin embargo, Juan Villalonga, presidente de Telefónica, está empeñado en renegociar este año los términos del contrato con la Administración, según recoge el folleto informativo de la oferta de acciones remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Entre los puntos que Villalonga pretende renegociar con Fomento están la, redefinición de los compromisos de Telefónica sobre prestación de servicio universal, régimen de tarifas (que aprueba el Ministerio de Fomento a propuesta de Teléfónica) y obligaciones de interconexión de la red de Telefónica con otras compañías de telecomunicaciones (Retevisión y las compañías de cable), que podrán competir con ella a partir de este mismo año.

El coste del servicio universal será compartido por todos las compañías que presten servicio telefónico en España y se financiará mediante las aportaciones que éstas hagan a un fondo cuya gestión corresponderá a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.