La Asamblea francesa reclama una autoridad europea de salud pública

La gran mayoría conservadora de la Asamblea Nacional (Cámara baja) de Francia decidió ayer reclamar a la Unión Europea la creación de un sistema de leyes y controles sobre la salud pública para evitar que se repita un caso como el de las vacas locas. Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha decidido en Estrasburgo no denunciar al Reino Unido ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por los daños provocados por esta crisis, a pesar de que un informe critica la negligencia británica en este asunto.

La izquierda francesa, formada por socialistas y comunistas, se negó a participar en la votación de la Asamblea para protestar contra las omisiones del informe en lo referente a los errores e irregularidades cometidas por la propia industria agroalimentaria francesa. [Esta misma semana se ha sabido la muerte de una res francesa afectada por la encefalopatía espongiforme bovina o mal de las vacas locas, lo que eleva a 26 la cifra de vacas muertas por la epidemia desde el año 1991].El informe aprobado ayer por los conservadores en la Asamblea era el resultado de una investigación de varios meses, realizada por una misión parlamentaria dirigida por el diputado liberal Jean-François Mattéi. El texto no debía hacerse público hasta el próximo 21 de enero, pero Mattéi adelantó en rueda de prensa algunas de las conclusiones: Francia, en su opinión, debe crear una agencia nacional de seguridad sanitaria al estilo de la Food and Drug Administration (FDA) estadounidense que controla todo lo concerniente a alimentación y medicamentos, y la Unión Europea necesita un "sistema de salud pública".

Abusos ganaderos

El grupo socialista de la Asamblea Nacional denunció, en un comunicado, el "contexto de secreto" que rodeó el trabajo de la comisión. El diputado Alain Le Vern, uno de los socialistas que participaron en la redacción del informe, afirmó que bastaba hojear el texto para constatar los "silencios sobre las disfunciones de la industria agroalimentaria francesa" y señaló que el resultado final de los trabajos parlamentarios tendía a encubrir a los ganaderos. Según Le Vern, era injusto acusar de todo a la UE y a los comisarios europeos, y cerrar los ojos ante los abusos y posibles delitos cometidos por las empresas privadas del ramo ganadero.

Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha decidido en Estrasburgo no denunciar al Reino Unido ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por los daños provocados por esta crisis. Así lo afirmó ayer en Estrasburgo el ponente de la comisión especial de investigación, el español Manuel Medina. Medina aseguró que el Parlamento Europeo puede exigir responsabilidades políticas pero no jurídicas a los Estados miembros. Los particulares que se sientan perjudicados por la enfermedad tampoco pueden apelar al tribunal comunitario, pero sí pueden acogerse a los tribunales ordinarios.

Esta comisión especial de investigación, la primera de esta naturaleza en el seno del Parlamento europeo, ha presentado sus conclusiones provisionales, redactadas por el socialista Manuel Medina. Como ya había trascendido (ver EL PAÍS de 21 de diciembre pasado), el ponente ha renunciado a pedir responsabilidades por daños y perjuicios al Reino Unido.

Medina explicó ayer las razones de esta marcha atrás, que atribuyó a un dictamen de los servicios jurídicos del Parlamento. Según los expertos, la Eurocámara puede exigir responsabilidades políticas a los Estados miembros, al Consejo de ministros y a la Comisión Europea, pero no tiene capacidad para traducir en censura ante los tribunales ese dictamen político. Tampoco lo pueden hacer los ciudadanos particulares, que deben así acudir a los tribunales ordinarios si consideran que la acción de Gobierno del Reino Unido en esta crisis les ha perjudicado.

La Comisión Europea y los Estados miembros sí podrían llevar al Gobierno británico ante el Tribunal de Luxemburgo.

La institución comunitaria puede hacerlo en base al artículo 169 del Tratado de Maastricht. Los Estados pueden acogerse al artículo 170, aunque antes tienen que haber denunciado al otro Estado ante la Comisión Europea.

Sin censura a la Comisión

Ni el ponente Medina ni el presidente de la comisión especial, el conservador alemán Reimer Boege, se declararon ayer partidarios de presentar una moción de censura contra la Comisión pese a la evidencia de que los servicios de inspección han fallado clamorosamente y a que Bruselas ha dado prioridad a los mercados de la carne en perjuicio de la protección de la salud de los consumidores.

Para los parlamentarios, la sanción a la Comisión Europea sería injusta porque la Cámara no puede ejercer una medida similar contra las otras partes que han demostrado su incapacidad para gestionar la crisis: en particular el Reino Unido, pero también el Consejo de ministros.

Manuel Medina fue más allá al exonerar de responsabilidad a la industria en la propagación del mal de las vacas locas, pese a que fueron industriales, y no políticos, quienes fabricaron y vendieron los compuestos de harinas animales que contaminaron a las vacas y fueron ganaderos, y no comisarios, quienes alimentaron con derivados cárnicos a animales rumiantes, y en consecuencia vegetarianos.

Para el ponente de la propuesta de informe parlamentario, la delimitación de qué empresas concretas son responsables es muy complicada y el consumidor siempre tiene la posibilidad de acudir a los tribunales ordinarios de justicia para denunciar -a un fabricante concreto.