Los deberes del año

El Ministerio de Educación y Cultura perderá este año prácticamente la primera parte de su nombre. La gestión de la enseñanza dejará de ser responsabilidad del Gobierno cuando las diez comunidades que aún no tienen competencia sobre la educación no universitaria la asuman, el 1 de enero de 1998, si culminan unas negociaciones en las que están en discusión unos 200.000 millones de pesetas. En la Universidad llegará el cambio del cambio de los nuevos planes de estudios, que fueron estrenados con la década. Su revisión a la baja ha estado motivada por la sobrecarga de trabajo de los estudiantes.La ministra de Educación, Esperanza Aguirre, una ultraliberal que no pierde ocasión de recordarlo, ha ocupado sus nueve meses de mandato en lanzar grandes promesas de cambio que ahora deambulan por un limbo de expertos y comisiones, proyectos y borradores. Sus todavía escasos hechos no impiden que sus abundantes manifestaciones hayan provocado en el sector de la enseñanza pública, en la oposición y en los sindicatos un fuerte temor a la degradación del servicio público en favor de la enseñanza privada.

Aguirre se ha declarado partidaria de cambiar la selectividad, ampliar el bachillerato de dos a tres años, recortar el abanico de asignaturas optativas y reformar la enseñanza de las humanidades en secundaria (especialmente la historia), dar valor académico de la alternativa a la religión, cambiar el sistema de admisión de alumnos, recompensar económicamente a los centros que implanten programas de calidad y reforzar la autoridad de los profesores. También anunció créditos sin interés para los universitarios y se pronunció en favor de liberalizar el precio de los libros de texto.

Son propósitos o anuncios incluidos en la lista de deberes del año para la Administración y la comunidad educativa.

Reforma de la selectividad. El examen es mucho más complicado para el Gobierno que para los estudiantes, como ya ha podido comprobar Esperanza Aguirre. Las pruebas de acceso se han convertido en un atolladero para el Ejecutivo, habida cuenta de la inusitada alergia social que provocan. Una de las primeras tentaciones de la ministra fue hacer alegres promesas de cambio. En su momento expresó su voluntad de que esta selectividad muriera en 1997, pero ya ha olvidado los plazos. Ahora se contenta con insistir en que no le gusta a nadie. Pero es improbable que una nueva selectividad vea la luz para el próximo curso.

En torno a la selectividad hay más ocurrencias que planteamientos rigurosos o simple claridad de ideas. Todo el mundo sabe que no selecciona, simplemente da turno para elegir carrera y facultad. Las cifras del Consejo de Universidades demuestran que la criba está en COU (en vías de desaparición con la implantación de la LOGSE). De 100 estudiantes que llegan a COU suspenden aproximadamente 50. De los 50 aprobados, 45 superan la selectividad. En números redondos, el COU deja fuera de combate a 50 alumnos y la selectividad sólo a 5, si bien la proximidad del examen endurece decisivamente el curso.

Una selectividad que no selecciona y una oferta de plazas que no es elástica dejan poco margen para responder a un rechazo social no siempre bien fundado, ya que a menudo se considera la universidad una prolongación de la escolaridad obligatoria.

El margen es mayor para perfeccionar las pruebas y adecuarlas a la LOGSE. Con este fin, una ponencia del Consejo de Universidades ha propuesto una modificación por etapas al Ministerio de Educación, que deberá tomar la decisión. La ponencia plantea que el examen puntúe más que el expediente y sea distinto según el bloque de titulaciones elegido. Cuando esté implantada la LOGSE habría dos pruebas: una especie de reválida para "homologar" la secundaria y otro examen para "ordenar" el acceso a la universidad.

Planes universitarios. Los estudiantes tendrán menos clases, asignaturas y exámenes cuando entren en vigor las propuestas del Consejo de Universidades al Gobierno. El acortamiento de las carreras de cinco a cuatro cursos, especialmente en humanidades y ciencias sociales y jurídicas, no siempre se ha traducido en una menor duración, debido a que se ha empaquetado lo mismo pero en planes más cortos.

Las universidades podrán modificar los créditos académicos: enlugar de diez horas de clase, consistirán en un mínimo de siete horas de clase y el resto, de actividades complementarias. No obstante, cada universidad decidirá en qué medida aligera sus créditos.

Cuando se aplique la reforma, desaparecerán las microasignaturas, producto de los intereses corporativos de los profesores y cuyas consecuencias son unos programas inflados y exámenes cada dos por tres. No habrá materias con menos de 45 horas, y se recomienda que ningún curso supere las nueve asignaturas.

Pero la reforma quedará en manos de las universidades, que, en virtud de su autonomía, podrían consolidar o frustrar esta renovación, impulsada por el secretario general del Consejo de Universidades, Francisco Michavila.

Transferencias autonómicas. El Gobierno afronta una áspera negociación para entregar la gestión de la educación no universitaria a las 10 comunidades que aún no tienen estas competencias: Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia y La Rioja. Se culminará así un proceso de descentralización cuyo último tramo se traduce en estas cifras: 2,8 millones de alumnos, 140.000 profesores y una dotación anual de un billón de pesetas, con un suplemento en discusión de casi 200.000 millones, según las exigencias autonómicas.

Las 10 comunidades, de las que sólo Castilla-La Mancha y Extremadura están gobernadas por el PSOE, coinciden en exigir que el ministerio complete las infraestructuras, equipamientos y dotación de personal de la red. de institutos que se necesitan para un buen funcionamiento de la secundaria. En su defecto, los gobiemos regionales piden dinero.

La respuesta del Ejecutivo central es que la red de centros elaborada por el PSOE (239 institutos pendientes de construcción) está inflada y no responde a las necesidades reales. El MEC entregará próximamente una primera oferta a sus interlocutores autonómicos, que mientras tanto afilan lápices y ponen pilas a las calculadoras.

Pública / privada. La contundente, ideología privatizadora exhibida por Esperanza Aguirre ha disparado la alerta roja entre los sindicatos, no sólo en el ámbito de la educación. Antonio Gutiérrez (CC 00) ha advertido que el malestar por la política educativa desembocará en el más grave conflicto social del país, y Cándido Méndez (UGT) ha acusado al Gobierno del "desarbolamiento del sistema público, dejando la enseñanza al alcance de los recursos económicos de cada cual".

A juicio de la oposición, los populares no van más lejos que el PSOE en su apoyo a los centros privados que reciben dinero del Estado, pero olvidan las necesidades de los públicos, realizando una escasa inversión en institutos de secundaria y desatendiendo los programas destinados a combatir el fracaso escolar y los aspectos que dan calidad a la enseñanza, como los departamentos de orientación, los Centros de Profesores y Recursos (CPR), las nuevas tecnologías, las licencias por estudios o los programas de innovación.

Según el análisis de la izquierda, uno de los aspectos que demuestra la inclinación del PP hacia la escuela privada es la subvención de 7.000 millones destinada a plazas de niños de 3 a 6 años en centros privados concertados. Se trata de un nivel educativo no obligatorio. Comisiones Obreras estima que con esta medida, que se aplicará en septiembre, el PP culti

continúa en la página 25va la cartera de clientes de los centros privados en menoscabo de los públicos.

Bachillerato. Se modificará parcialmente la LOGSE para que la plena implantación de los dos cursos de bachillerato se retrase dos años, hasta el curso 2001-2002, con el previsible consenso de partidos y comunidades.

El equipo de Educación cree que dos años de Bachillerato son pocos. Es decir, que deberían ser tres. La alternativa sería ganar un año a costa de los cuatro años de secundaria obligatoria y gratuita. Los socialistas responden que ello provocaría una situación absurda: un año de bachillerato obligatorio y dos opcionales. O peor: cambiar sustancialmente la LOGSE. Son palabras mayores, hoy por hoy fuera del alcance de un Gobierno minoritario, particularmente cuando sus socios nacionalistas son firmes partidarios dé esta ley. Formación profesional. Es una asignatura tan complicada como importante, y no hay indicios de que el Gobierno esté en condiciones de aprobarla. Sigue sin haber una buena oferta que descargue de estudiantes a la universidad y dé respuesta a las necesidades de las empresas. Cuesta dinero desarrollar una buena Formación Profesional, y el ministerio se inclina por frenar su implantación para ajustarla al de la secundaria obligatoria y el bachillerato. Actualmente, sólo uno de cada tres alumnos de FP cursa una titulación del nuevo sistema, que también resultará afectado por el retraso de la implantación del bachillerato.

El ministerio trabaja para suavizar los requisitos exigidos a los centros privados para impartir estos estudios y ha reducido los equipos de expertos que gestionaban el sistema en los servicios centrales del departamento.

2º de secundaria. El segundo de los cuatro cursos de la ESO se implantará plenamente en septiembre. Es previsible que vuelvan a surgir problemas, ya que en el territorio todavía administrado por el ministerio no hay bastantes institutos para acoger a los alumnos de secundaria, muchos de los cuales tendrán que seguir en sus colegios de primaria. A la falta de institutos, equipamientos y profesores, se sumarán las protestas en municipios rurales contra los traslados de alumnos a otras localidades. Acomodar alumnos de secundaria en colegios es una salida, pero no una solución, ya que no permite afrontar en condiciones clases como las de idiomas, Ciencias de Naturaleza o Tecnología.

Humanidades. Aguirre ya ha decidido cuál será su orgullo como ministra: la reforma de las humanidades en secundaria, especialmente la historia. Ha denunciado "el calamitoso estado de la enseñanza de la historia", su "arrinconamiento" y el "pavoroso empobrecimiento del mensaje en esta rnateria". A tenor de sus frecuentes apelaciones a Julio César, Felipe II y el Descubrimiento de América, ya han surgido en los institutos voces críticas que le reprochan una concepción asocial de la historia, que para ella sería un conjunto de vidas ejemplares de grandes personajes.

La historia se enseña en los cuatro cursos de secundaria obligatoria en la asignatura de Ciencias Sociales, en la que también se estudia geografía, sociología o economía. En los libros de ciencias sociales, la historia ocupa aproximadamente la mitad del programa. Pero Aguirre nunca se refiere al contenido de los textos, sino a los epígrafes de la norma de contenidos comunes para toda España. En este índice no se cita el Descubrimiento, pero sería difícil encontrar niños que no lo hayan estudiado, a no ser que se hayan saltado la lección.

A los socialistas les costó dos años de duras negociaciones autonómicas pactar ese documento. La ministra ha proclamado su decisión de cambiarla y ha encargado un dictamen a la Academia de la Historia. Sea cual sea su decisión, es previsible que en este camino sufra algún tropezón autonómico, especialmente en Cataluña.

Las posibilidades de reforzar la presencia de la historia y las demás materias humanísticas (literatura, latín, griego o filosofía) son básicamente tres. La primera es ampliar el horario semanal de clase, algo casi descartable. La segunda es hacerlo a costa de la música, la tecnología o la educación plástica o visual, lo que abriría otros frentes de conflicto. También se podría robar tiempo a las optativas, pero la mayoría de estas horas están ocupadas por el segundo idioma. La tercera, específica para la historia, sería reorganizar internamente los programas de Ciencias Sociales. Sería la opción menos complicada, pero también la menos histórica para la ministra. Además, obligaría a modificar los libros, en contra de las declaraciones de Aguirre, partidaria de reducir estos cambios para que los padres ahorren.

Asignaturas optativas. La ministra se ha embarcado en una polémica de tono menor, a poco que se hagan cuentas. En diciembre sugirió en el Congreso que las optativas de secundaria son un coladero por el "altísimo nivel de notas positivas" y porque "se convierten a veces en complementos lúdicos-recreativos faltos de toda profundidad".

Al margen de la consideración pedagógica que merezca su opinión, sólo afecta a una de las dos optativas de 40 curso de ESO: es decir, dos horas semanales. En conjunto, 70 de las 4.025 horas de clase de la secundaria obligatoria. La mayoría de las otras horas de optativas está ocupada por el segundo idioma.

Religión. El PP ha vacilado con la Religión. Sensible a los ruegos de la Conferencia Episcopal, en su momento quiso que fuera optativa, pero evaluable y computable para la nota media; es decir, con influencia en la nota de acceso a la universidad. Finalmente, tras algunas confusiones y declaraciones ambiguas sobre su "dignificación" académica, el propósito de Aguirre es que quienes no elijan Religión tengan una alternativa de valores laicos.

Actualmente se imparte Cultura Religiosa en 3º y 4º de ESO y en lo de bachillerato. En el resto de los cursos no hay una asignatura, sino actividades alternativas (entre varias decenas, el PP se cebó con el parchís y otros juegos de mesa. Contra esta normativa hay planteado un recurso de inconstitucionalidad de inspiración laica por parte de la CEAPA (padres de alumnos de centros públicos).

Los anteriores equipos de Educación rechazaron que la Religión tuviera una asignatura alternativa evaluable, entre otras cosas porque se convertiría en una de las más importantes del currículum, ya que se daría desde los primeros cursos de primaria hasta los últimos de secundaria. Esta asignatura superaría en horas a otras materias de mayor valor académico. Esa hipótesis no parece asumible por la comunidad escolar.

Admisión de alumnos. El ministerio se propone cambiar ligeramente la admisión de alumnos en los centros. Modificar los principales criterios (proximidad, hermanos en el centro y renta) sería bastante complicado legalmente, por lo que la opción más probable es que se amplíen las zonas de influencia de cada centro, pero sin llegar a una especie de distrito único. por ciudad, que conllevaría graves problemas administrativos para gestionar las admisiones. También se retocará el baremo de los criterios de admisión.

Profesores. Entre los docentes cunde el desánimo por lo que consideran desprecio de la titular de Educación hacia la enseñanza pública. Al margen de las decisiones concretas, las manifestaciones críticas de Aguirre sobre las horas de trabajo de los profesores de secundaria en comparación con las suyas; sobre la "jerga burocratizante" de los expertos en gestión educativa, y sobre los docentes que, según ella, se apoltronan en los despachos de los Centros de Profesores y Recursos para no volver a las aulas han contribuido poco a mejorar su imagen entre los docentes.

En España hay 30.000 profesores no universitarios interinos. La coordinadora que los agrupa ha convocado huelga para el 29 de enero. Los interinos, muchos de los cuales ya tuvieron oportunidad de convertirse en funcionarios, reclaman un puesto fijo y que se les contrate para las plazas que la Administración ha dejado sin cubrir en institutos.

En la universidad, uno de los problemas es regular la situación de los 24.000 profesores asociados (el 35% de los docentes de universidades públicas). La figura de los profesores asociados, que inicialmente eran profesionales especializados que impartían temporalmente docencia, se ha desvirtuado en muchos casos, hasta convertirse en remedo de la antigua categoría de PNN. Hay en marcha iniciativas para cambiar el perfil legal de los asociados y dotarles de estabilidad.